El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, convoca para el martes 19, a las 10:00 horas, una sesión extraordinaria de la Cámara Baja, para decidir si destituyen o no al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, por corrupción generalizada. El informe de la intervención es contundente, y hay dictamen por el cual se pide la destitución del jefe comunal. Pero Prieto seguirá manejando la intendencia, debido a que su pareja, la concejal rastrera Valeria Romero, asumiría el cargo hasta que haya una elección. Eso sí, Prieto no renuncia antes.
Se dio a conocer la decisión del titular de Diputados de convocar a la sesión extraordinaria para tratar el tema de la destitución de Prieto del cargo de intendente de Ciudad del Este y es por corrupción generalizada.
Pero, así como están las cosas, Prieto seguirá manejando la intendencia, atendiendo a que todo está listo para que asuma como intendente interino su pareja, la concejal rastrera Valeria Romero, de acuerdo a los datos.
Si Prieto es destituido, se deben realizar nuevas elecciones.
Si Prieto renuncia, la Junta Municipal elige al concejal que debe completar el actual periodo.
La Comisión Especial de la Intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este en la Cámara de Diputados emitió esta mañana dos dictámenes: uno, en mayoría a favor de la destitución de Miguel Prieto, y otro en minoría en contra.
La definición llegó en una reunión donde los cinco diputados colorados cartistas que integran la comisión no dudaron en firmar el dictamen para sacar del cargo al jefe comunal separado.
En la vereda contraria, el diputado Walter García (Yo Creo) fue el único que votó en contra de la destitución, defendiendo a Prieto. Mientras tanto, los liberales Cleto Giménez y Pastor Vera Bejarano todavía no definieron postura y recién al mediodía anunciarán si se suman o no a la mayoría.
Con este escenario, todo apunta a que este martes el pleno de la Cámara de Diputados liquidará el caso, inclinando definitivamente la balanza hacia la salida de Miguel Prieto, tras comprobarse las denuncias de la Contraloría General de la República en la intervención.
