El delincuente, Máximo Ramón Sosa Fernández, es el secretario privado de la concejal rastrera, Valeria Romero. La que dice que quiere ser senadora y es la pareja de Miguel Prieto Vallejos, intendente separado por corrupción. Max Sosa, como se hace llamar el patotero que recibe un jugoso salario del erario público, tiene frondosos antecedentes. Ya estuvo en prisión por violencia familiar, por vandalismo. Trato de comprar con G. 5 millones el silencio de AHORA CDE. Organizó una farra junto al impresentable, Hugo Benítez, “secre” de Prieto, una farra en la Intendencia Municipal con abundante cerveza en plena pandemia.
Este delincuente fue contratado como funcionario municipal por Miguel Prieto Vallejos, a pedido de su “amada” concejal rastrera, Valeria Romero. Pero él mismo no está al servicio del municipio, sino que la corrupta concejal, quien dice que va a ser senadora.
Máximo Ramón Sosa Fernández, quien se hace llamar “Max Sosa”, es conocido por su violencia. Es intocable en la Junta Municipal porque es el protegido de Valeria, la pareja del imputado Miguel Prieto.
Este personaje atacó y dejó herido a un integrante de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, quien fue a mirar el baño de oro que fue construido por el operador político de Prieto, Fredy Guzmán.
Una imagen que no necesita de palabras.
El secretario de Valeria Romero fue detenido por violencia familiar. Después fue detenido por vandalismo y polución sonora. Generaba zozobra en sus vecinos. Cuando fue la Policía, a los gritos dijo a los uniformados que se van a arrepentir porque él es protegido de Prieto y Valeria.
Amenazó a todos sus vecinos.
Este es el personaje que, al mando de la concejal rastrera Valeria Romero, quiso comprar con 5 millones de guaraníes y una remera el silencio de AHOR CDE. Max Sosa llevó la plata y la remera al periodista Víctor Sparh.
Con todo este antecedente, el delincuente seguía en la Junta Municipal cobrando su jugoso salario, aunque no trabajaba para el municipio.
La Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este emitió esta denuncia:
EL miembro de la Contraloria Ciudadana Agustin Epifanio Soler, fue brutalmente agredido por el funcionario que prestan servicio en la Junta Municipal de Ciudad del Este, identificados: MAXIMO RAMON SOSA FERNANDEZ con C.I. Nº 4125752, secretario privado de la Valeria Romero, LORENZO GALEANO SALINAS, con C.I. Nº 2503379, cargo Auxiliar, FABIO FERNANDO MERCADO, con C.I.Nº 2974747, cargo Asistente, ROSARINA ACOSTA BRITEZ, con C.I. Nº 3810468, cargo Secretaria privada de Sebastian Martines. Por el simple hecho de ir a controlar. De que tienen miedo??.
Igualmente, entre los agresores estaba la secretaria privada, sí, otra más, del imputado, Sebastián Martínez, otro concejal rastrero. Se trata de la patotera Rosarina Acosta Brítez, quien funge de funcionaria municipal, pero está al “servicio” de Seba Martínez.
Sobre lo sucedido se informó:
Max Sosa tirando piedra a un ciudadano.
Una cobarde agresión fue perpetrada este lunes 22 contra un miembro de la Contraloría Ciudadana por parte del delincuente Máximo Ramón Sosa, quien funge como chofer de la concejal rastrera, Valeria Romero, estrecha colaboradora y cómplice política del intendente separado por corrupción generalizada, Miguel Prieto. El hecho ocurrió cuando funcionarios de la intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este intentaban inspeccionar el polémico “Baño de Oro”, construido en la Junta Municipal por G. 162.076.044.
Sosa, quien cuenta con frondosos antecedentes delictivos, atacó violentamente a uno de los interventores con el aparente objetivo de impedir el trabajo de fiscalización sobre una obra que, pese a su costo millonario, no presenta ningún lujo visible. El sanitario fue adjudicado a la cuestionada firma SERVMAQ, propiedad de Fredy Guzmán Martínez Báez, operador político de Miguel Prieto, ya beneficiado con otros contratos bajo sospecha de sobrefacturación.
“El baño más caro del país está en Ciudad del Este… y no tiene ni jacuzzi”, ironizó un concejal, mientras crece la indignación ciudadana por este nuevo símbolo del derroche con sello oficial.
Desde la oposición exigen no solo una auditoría urgente, sino también sanciones ejemplares contra los responsables del despilfarro y del uso de la violencia como mecanismo de encubrimiento.
Este episodio confirma el modus operandi de una administración cada vez más acorralada por la corrupción, el blindaje político y la intimidación.
