La decisión del fiscal, Silvio Corbeta, de rectificar tres desestimaciones de denuncias contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, confirma la protección del “significativamente corrupto”, Jorge Bogarín al jefe comunal. En abril pasado AHORA CDE publicó que Bogarín estaba presionando a jueces para que admitan tres desestimaciones de denuncias contra Prieto. Ahora se confirma esto, muestra como operaba el intendente de CDE.
Bogarin se aprovecho de su condición miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para presionar a fiscales y jueces para desestimar el rosario de denuncias contra el intendente Prieto. Esto ahora se está confirmando.
En abril de 2023 AHORA CDE publico que Bogarin estaba presionando para que magistrados de Ciudad del Este admitan tres desestimaciones. Estas desestimaciones lo hizo el fiscal, Juan Manuel Ledezma quien cajoneo todas las denuncias contra el jefe comunal esteño.
Jorge Bogarin, fue declarado “significativamente corrupto” por EE.U. y dejo el JEM, y con esto ya no pudo presionar a favor de Prieto. Las desestimaciones no fueron aceptadas por ser aberrantes, y ahora están siendo rectificadas.
El fiscal Silvio Corbeta rectificó tres pedidos de desestimaciones de su colega Juan Ledesma con relación a denuncias por lesión de confianza contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos.
Corbeta refirió que se debe seguir indagando presuntos negociados con la construcción de pozos artesianos (sobrefacturados), refacción de plazas y adquisición de una clínica móvil (chatarra).
Argumentó que “se torna imprescindible una investigación más acabada”, ya que existen elementos que “deben ser analizados con mayor precisión para descartar la existencia de hecho punible”. Tres días después, el 11 de agosto, fue recusado por la defensa, que también pidió que se aparten los fiscales Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia, quienes lo imputaron por compra irregular de 25 mil kits de alimentos.
Esto en el escándalo de la compra de la despensa Tía Chela.
Corbeta, el 8 de agosto pasado, rectificó el pedido de desestimación de Ledesma, con relación al presunto negociado en la construcción de pozos artesianos. Según la denuncia, Prieto conjuntamente con la empresa adjudicada estipuló un valor de G. 116 millones por cada uno de ellos.
El dinero se debió entregar a las comisiones de barrios, pero el intendente se apropió supuestamente de los cheques. Además, que cada pozo costaría entre G. 65 a 68 millones.
El fiscal en su dictamen le señaló a la jueza de Ciudad del Este, Teresita Beatriz Cazal Sanabria, que existen numerosas diligencias que realizar: solicitar informe a Contrataciones Públicas, la SET, a la Contraloría General de la República, etc.
“Es por todo lo enunciado que se torna imprescindible una investigación fiscal más acabada, en consideración a que existen elementos que deben ser analizados con mayor precisión, para así descartar en forma fehaciente la existencia del hecho punible previsto en el artículo 192 del Código Penal “Lesión de confianza”, razón por la cual esta representación fiscal recomienda la prosecución de las investigaciones, de manera a obtener mayores datos que conduzcan a asumir una postura determinante en el curso de la investigación”, puntualizó Corbeta en su escrito.
REFACCIÓN DE PLAZAS
La otra denuncia guarda relación con la refacción de plazas en Ciudad del Este, para lo cual el intendente habría ordenado desembolsar G. 160 millones. Supuestamente, las reparaciones habrían costado solo G. 50 millones
En este caso, Corbeta dice que se debe pedir informe a Contrataciones, la SET, tomar declaración testimonial al presidente de la comisión vecinal Pro Plaza Ciudad Nueva, del barrio Ciudad Nueva Kilómetro 7, el señor Aldo Alberto Torres Ramírez, el secretario Alfredo Arnaldo Torres y el tesorero, Neri Sanabria. También a Blas Osmar Bogado, Rosana Valenzuela y Francisco Ocampo, de la comisión Fracción Pino II, de Ciudad del Este.
COMPRA DE CLÍNICA MÓVIL
La tercera causa guarda relación con la compra de una clínica móvil por concurso de oferta. Según la denuncia, el intendente habría sobrefacturado el monto por la suma de G. 200 millones.
El fiscal dice que en este caso falta pedir informe a Aduanas sobre la importación del vehículo, modelo tipo ómnibus marca Marco Polo, a la SET, Contrataciones Públicas y Registros del Automotor.
RECUSACIÓN
El 11 de agosto pasado, en un escrito presentado ante el fiscal general, Emiliano Rolón, la abogada Gilda María Portillo Vera, en ejercicio de la defensa técnica de Miguel Prieto, recusó al fiscal Silvio Corbeta y “consecuentemente a los fiscales Rodrigo Estigarribia, Alma Zayas y la fiscala adjunta anticorrupción, Soledad Machuca”, en cinco causas que afectan al intendente de CDE.
Con información de El Observado
