Miguel Prieto Vallejos, exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, destituido por corrupto, y su candidato a intendente, Dani Mujica, montaron toda una estructura para robar el dinero del pueblo con los combustibles. Hasta los concejales colorados encabezados por Federico González, hijo del exgobernador y candidato a intendente Roberto González Vaesken, se beneficiaron. El esquema fue operado, según los documentos, inicialmente por Alison Anisimoff, actual concejal rastrera; y después por Darcy Ledezma, hurrera de Kattya González. La denuncia es de la Contraloría Ciudadana de CDE.
Concejales rastreros y los colorados, incluyendo los rastreros, se beneficiaron de la denominada “mafia de los combustibles”, esquema delictual que fue montado en la administración municipal, y donde aparecen como responsables a Miguel Prieto Vallejos, exintendente rajado por corrupción, y su candidato a intendente Dani Mujica.
Entre los beneficiados está igualmente la actual intendente interina, la “indigente” María Portillo, a quien le resta menos de 50 días de gestión.
Quienes manejaron el esquema en la práctica inicialmente habrían sido la concejal rastrera, la chatarrera, Alison Anismoff. Después, el manejo del esquema de robo fue a manos de Darcy Ledezma, la única hurera que tiene Kattya González en la zona este del país.
En base a la denuncia presentada por la Contraloría de la Ciudadanía de CDE, tarjetas con crédito de G 3 millones mensuales para carga de combustibles disponían los 12 concejales y funcionarios del primer anillo del destituido, por corrupción, del cargo de intendente Miguel Prieto.
Esto incluye a los concejales colorados Jaime Méndez, Ernesto Guerin y los rastreros Richard Alfonso, Liz Magnolia Pereira y Federico González.
Documentos oficiales confirman que realizaban cargas mínimas del carburante y retiraban dinero en efectivo.
Dyrce y Prieto
En otros casos, el fraude era tan burdo que hacían figurar el suministro de 700 litros de combustible en el mismo vehículo en cargas diferentes en un solo día. El líder de Yo Creo o Clan Prieto, Francisco “Fran” Arrúa, con dos imputaciones por robo en pandemia, usó hasta un bidón para abastecerse en Ayolas. Los documentos muestran que concejales colorados también disponían de esta regalía, y uno de ellos retiraba casi la totalidad del crédito, en efectivo.
Hay concejales que llenaban tanques de vehículos de terceros y hacían figurar como suyos. Todo esto, mientras criticaban ásperamente a los parlamentarios por querer retomar su cupo de combustibles.
La mafia liderada por Miguel Prieto y Dani Mujica rifaba más de un millón de dólares al año. La denuncia será presentada ante la fiscalía por la Contraloría Ciudadana.
Desde 2019, la Municipalidad habría gastado US$ 3.500.000 en combustibles, parte de los cuales fueron retirados en efectivo por concejales sin cargar vehículos. Entre los principales señalados figura Sebastián Martínez, presidente de la Junta Municipal, con tres imputaciones previas, y la directora de Servicios Generales, Darcy Ledezma, por cargas nocturnas a su vehículo particular.
También se mencionan: exintendentes interinos como Hugo Benítez, que utilizó su tarjeta de combustible para varios vehículos en San Bernardino, y líderes del movimiento Yo Creo, que retiraron combustible en bidones en horarios irregulares.
El informe final de la intervención, en el numeral 26.4.1, Hallazgo 1, señala la falta de documentos que respalden la asignación de combustible a unidades de transporte de la Policía Nacional de Alto Paraná. Mediante Nota N.º 43 IM 2025, se solicitó información sobre convenios, personal asignado, veracidad de sellos y firmas, lugares de servicio y cargas de combustible.
La revisión de las rendiciones de mayo de 2025 reveló graves irregularidades, incluyendo comprobantes con firmas y sellos de dependencias y personal policial oficialmente desconocidos.
La Dirección de Policía de Prevención y Seguridad reportó vehículos abastecidos que no pertenecen a la flota policial y tickets con sellos y firmas falsos, configurando delitos de producción y uso de documentos públicos falsos.
