El contralor Camilo Benítez confirmó que el intendente, Miguel Prieto Vallejos, presentó solo 9% de las documentaciones sobre las transferencias a las comisiones. Son 42 mil millones de guaraníes cuyo uso debe ser demostrado con documentos. Los diputados fueron claros en que la rendición de cuentas no puede ser una “planilla”, como siempre hace el jefe comunal, sino que toda la documentación. Se debe saber quiénes integran las comisiones, dónde depositaron la plata, cuáles son las empresas contratadas, cuáles son las obras realizadas, dónde están, las dimensiones y, por sobre todo, los costos.
El contralor Camilo Benítez indicó que la administración de Prieto no presentó comprobantes legales que justifiquen el uso de G. 42.000 millones, provenientes de ingresos tributarios y no tributarios, en gastos de capital ni en ejecución de obras o adquisiciones.
“La mitad se usó para salarios y gastos corrientes, muy parecido a lo que pasa en capital. Esa violación de la ley es una cuestión bastante cuestionable, pero que se podría reducir a una observación administrativa. “Pero de los G. 42.000 millones, cuando se solicitó la información, no hay documentación respaldatoria”, manifestó.
Esta supuesta irregularidad se suma a otros indicios como “la rendición de cuentas ante el Tribunal de Cuentas, la cantidad de reportes de incidentes de hechos punibles y el hecho de que ambos intendentes estén imputados». “Todos estos elementos hacen que nosotros no encontremos otra alternativa”, explicó ante la prensa.
Benítez citó, a su vez, que la ejecución del presupuesto se debe hacer mediante la Ley de Contrataciones Públicas, no por transferencias.
“En Ciudad del Este, el 70% de lo recaudado se destinó a transferencia. “Se abusó de esta medida”, sostuvo. Mencionó que los cheques se hicieron a nombre de la secretaria de la subcomisión.
LO QUE DIJO PRIETO.
Por su parte, el intendente Miguel Prieto presentó su defensa ante la comisión especial de la Cámara de Diputados y rechazó las acusaciones. Uno de los puntos donde habría una feliz tragada es con las transferencias a las comisiones. Este esquema de robo es bien conocido y hay que recordar que llevó a la cárcel al exgobernador Hugo Javier. Prieto hizo lo mismo.
“Me ratifico en que la Contraloría miente; nosotros trajimos todos los documentos y van a ser de público acceso. Los G. 42.000 millones están plenamente justificados”, enfatizó.
El jefe comunal sostuvo que la CGR realizó verificaciones in situ “y no encontró un solo metro cuadrado de faltante”.
“Los documentos existen. “El contralor miente”, sentenció Prieto.
Por último, cuestionó la competencia de la Contraloría General de la República para solicitar la intervención del municipio.
LOS DIPUTADOS
Para el diputado Hugo Meza (ANR-Cordillera), miembro de la comisión, es clara la existencia de una controversia.
“La Contraloría reporta apenas un 9 % de presentación de documentos respaldatorios, mientras que el intendente afirma lo contrario. Esa es la primera gran tarea: dilucidar este punto”, explicó.
Subrayó que la rendición de cuentas no se limita a “una planilla”, sino que requiere documentación de cada gasto.
“La presentación de una planilla de rendición de cuentas no significa documento respaldatorio. Me preocupa que se quiera naturalizar que, en vista de la adquisición de un bien público, se trasgreda la ley o se quiera justificar la acción en la administración de un cargo, sobrepasando las leyes”, alertó.
Próximos pasos
En cuanto a los próximos pasos, el legislador adelantó que la comisión solicitará a la CGR la remisión de toda la documentación respaldatoria que el intendente Prieto asegura haber presentado.
“Lo primero que vamos a hacer es pedir a la Contraloría que nos acerque la documentación de la que habla el intendente Prieto, quien dijo que tiene 100 % rendido. Sabremos si eso está o no en la Contraloría; si es como dice el Contralor, que solo el 9 % está, y que el 81 % restante no tiene respaldo documentario acerca de los G. 42.000 millones”, señaló.
El diputado Meza no descartó realizar verificaciones in situ.
Vale indicar que luego de recibir a las partes, el bloque continuará con su cronograma de trabajo, con el objetivo de emitir un dictamen ajustado a derecho en el plazo establecido.
Participaron de estas reuniones, en la jornada de hoy, diputados de diferentes bancadas; y tras un breve intercambio de pareceres, se decidió que las mismas sean con presencia de medios periodísticos, a raíz de una moción concreta del diputado Pastor Vera (PLRA-San Pedro), integrante del estamento.
La comisión cuenta con un plazo de 15 días hábiles para expedirse sobre la procedencia o no de la intervención.
