El chicanero intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, tuvo otro duro revés judicial. La Justicia rechazó otra chicana del jefe comunal que presentaron a través de Cirle Alcaraz Ramírez, quien fue procesada junto al jefe comunal en el caso conocido como “Tía Chela”. El Ministerio Público indica que el daño patrimonial a la comuna llega a 1.700 millones de guaraníes. El “golpe” lo hicieron en la compra simulada de alimentos para personas pobres en plena pandemia por 500 mil dólares de una pequeña despensa barrial del Area 3.
El juez Humberto Otazú no hizo lugar al Incidente de nulidad del acta de imputación, deducido por la defensa de Cirle Alcaraz Ramírez, procesada junto al intendente de CDE, Migue Prieto por presunta lesión de confianza y otros hechos en el caso conocido como “Tía Chela”.
La defensa de la procesada afirma que la imputación fue hecha de manera apresurada y en violación al derecho de la defensa y de los principios de objetividad, imparcialidad e igualdad de las partes, alegando que el acta no detalla el hecho especifico atribuido a mi defendida, “presentando una imputación de manera genérica sin saber cuál ha sido la participación u la omisión del supuesto hecho que se le atribuye, la imputación no tiene una descripción fáctica de conducta activa u omisiva atribuible a mi defendida”.
La mujer está imputada por los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplice, y asociación criminal, en grado de autoría.
A su criterio, el acta de imputación ha identificado a la procesada, pues se ha consignado los datos personales como se ha mencionado en párrafos anteriores, detallando sucintamente los hechos que se le imputan sobre la base de algunos elementos de «sospecha» el cual en este caso particular a Alcaraz Ramírez está siendo investigada por hechos o circunstancias que han ocurrido durante el mandato del Intendente Municipal Miguel Prieto Vallejos y presumiblemente ha contribuido al perjuicio del patrimonio de la Municipalidad de Ciudad del Este.
Sostiene que se puede corroborar en autos que fueron cumplidas las formas y condiciones previstas dentro del código y las leyes vigentes, específicamente del art. 302 del C.P.P. y concordantes, los actos fueron realizados dentro del marco de la Ley, por lo que resolvió rechazar el incidente.
Se trata de la causa que investiga una supuesta compra ficticia de 25.000 kits de cestas básicas para familias de escasos recursos, que ocasionó un perjuicio de G. 1.769.790.000 a la comuna. La adquisición se concretó en abril de 2020, durante la pandemia del covid-19, por vía de la excepción y la beneficiada fue la empresa Tía Chela SRL. “Se habría ajustado o simulado cadena de compra-venta, en la cual había participado la firma Vanemi SA, cuya representante legal Emili Vanessa Florentín Páez, es del entorno de Prieto”, refiere parte de la imputación.