Todo el proceso de compra de alimentos por 500 mil dólares de la despensa Tía Chela, que ya no existe, esta viciado de irregularidades. El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos monto un esquema para robar en plena pandemia. Fue imputado junto a otras 10 personas entre ellas el concejal Sebastián Martínez. Esto es lo que confirma una auditoria de la Contraloría General de la República. El jefe comunal no respondió a los cuestionamientos del órgano contralor.
La Contraloría emitió su informe final sobre la auditoria realiza a la compra de kits de alimentos de la despensa Tía Chela, por parte del intendente Prieto en mayo de 2022.
Este informe es parte de la montaña de documentos que demuestran como Prieto y su gavilla monto todo un esquema para robar el alimento que debía ser entregado a familias vulnerables de Ciudad del Este.
Entre sus cómplices esta el ahora concejal, Sebastián Martínez, su director de Administración y Finanzas, abogado Francisco Arrua, ex candidato a senador; varios funcionarios de diferentes dependencias, los que figuraban como dueño de la despensa Tía Chela, además de Emili Vanesa Florentín, quien fue la novia de Prieto, y ahora es funcionaria municipal con un salario de 4,5 millones de guaraníes mensuales, pero nadie sabe cual es su función. Dicen que es la secretaria, del secretario privado de Prieto, el impresentable Hugo Benítez.
El informe de la Contraloría no deja dudas de que existió una feroz tragada de dinero y que los documentos así lo demuestran.
Prieto quien se presentas como el “míster” transparencia, no respondió a los cuestionamientos de los auditores sobre el proceso de compra de los kits de alimentos de la despensa barrial.
Respondía cualquier cosa, mentiras, menos lo que le pedía el órgano contralor.
Desde el comienzo el proceso estuvo plagado de irregularidades. El jefe comunal no pudo justificar haber comprado los alimentos por vía de la excepción, o sea dicho en otras palabras a dedo. Sin licitación.
El jefe comunal pisoteo todas las normas legales para poder completar el proceso de compras.
Los documentos dejan en claro que en realidad hubo una simulación de compras, atendiendo a que usaron los documentos de la despensa Tía Chela, para dar ropaje legal a la compra que no se hizo.
El daño patrimonial solamente en este caso supera los 1.700 millones de guaraníes.
El director general de control de la Contraloría General de la República (CGR), Paul Ojeda, confirmó la existencia de graves irregularidades en la contratación de la empresa “Tía Chela” por parte de la Municipalidad de Ciudad del Este, durante la pandemia del Covid-19 en el año 2020. Por el caso están imputados el intendente Miguel Prieto y otras diez personas allegadas a él.
En entrevista la emisora 680 AM, Ojeda reveló que la contratación de la empresa estaba “viciada de irregularidades”, argumentando que se encontraron serias incongruencias en el pliego de bases y condiciones, específicamente relacionadas con la experiencia y capacidad financiera requeridas para llevar a cabo el contrato. Según Ojeda, estas irregularidades parecían estar diseñadas para favorecer a la firma adjudicada, “Tía Chela”.
Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia, pidieron el arresto domiciliario y la prohibición de acercarse a la municipalidad de Ciudad del Este.
Pero la Justicia no podría no ordenar el arresto domiciliario de Prieto.
LOS IMPUTADOS
Maggi Fariña, Coordinadora de la UOC; Econ.
Sebastian Martinez, Director de Desarrollo Social
José Félix Cáceres, Jefe de Desarrollo Comunitario
Julián Benitez, Jefe de Almacenes
Francisco Arrúa, Director de Administración y Finanzas
Higinio Acuña, Jefe de Adquisición y Suministros
Fermín Avalos Britos, de Tía Chela SRL,
Cirle Alcaraz del área financiera
Nelson Segovia, del área financiera