Finalmente, la fiscalía comenzó la investigación de la grotesca farsa que fue la mensura de la ex Finca 66. Fue una maniobra para engañar a humildes familiares asentadas en el área y, por el otro, para chuparse cerca de 3 mil millones de guaraníes. Aparecen como supuestos responsables el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, destituido por corrupto; y falsos dirigentes, entre ellos Elvio Barua, quien se calló ante el montaje que se hizo en la comuna y del cual es responsable Prieto y Dani Mujica, actual candidato a intendente.
El Ministerio Público ya solicitó a la comuna, al Poder Judicial y a la empresa GeoCad todos los documentos relacionados con la costosa mensura judicial de la ex Finca 66, que en realidad fue una farsa para tragarse la plata del pueblo esteño y, por el otro, embromar a familiares en situación de vulnerabilidad, quienes temen perder sus humildes viviendas.
Es hora de que Prieto y Mujica den explicaciones sobre la mentada mensura que fue una farsa, y además de chuparse cerca de 3 mil millones de guaraníes, lo hicieron para beneficiar a empresarios extranjeros inescrupulosos e inmobiliarias vinculadas a grupos de medios de prensa de Asunción, todos amigos de Prieto.
Para recordar los antecedentes de este caso, ya fue denunciado por AHORA CDE y luego la Contraloría Ciudadana presentó una formal denuncia ante el Ministerio Público.
Es increíble. Pero está en el documento, que es un resumen de los gastos que se hicieron con la mensura judicial de la ex Finca 66. En ese resumen se menciona que pagaron al juez para que se vaya a mirar el inicio de la mensura la friolera suma de 267 millones de guaraníes. Pero no hay ningún recibo.
Pero según Prieto y la empresa GEOCAD, pagaron esa suma a un magistrado, pero no dicen el nombre.
La Corte Suprema de Justicia establece los honorarios que deben pagarse a los jueces para este tipo de diligencia. El monto está muy por encima de lo establecido.
Pero de acuerdo a los datos, ningún juez cobró nada. Entonces tanto Prieto como la empresa GEOCAD se chupan dicha plata. Así de sencillo, y está documentado.
Prieto y los representantes de GEOCAD. La Contraloría Ciudadana señala que la denuncia penal es en contra del Intendente Municipal de Ciudad del Este, MIGUEL PRIETO VALLEJO, con domicilio laboral sobre la Av. Pioneros del Este, Municipalidad de Ciudad del Este, Y TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE RESULTEN RESPONSABLES DE LAS INVESTIGACIONES, por la Comisión de los Supuestos Hechos Punibles de: «LESIÓN DE CONFIANZA ART. 192 C.P. Y ASOCIACIÓN CRIMINAL ART. 239», solicitando que se inicien las investigaciones correspondientes.
Señalan que la sospecha de un vil negociado, con indicios de una gran malversación, se inició con el llamado a licitación para la realización de la mensura judicial de la famosa finca 66.
Al adjudicarse el servicio a la empresa GEOCAD CONSULTORIA, TOPOGRAFIA Y AMBIENTAL DE JORGE DANIEL QUINTANA LOPEZ por la suma de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DE GUARANÍES (Gs: 2.673.000.000), aumentaron las sospechas, por lo que los integrantes de la Contraloría Ciudadana procedieron a solicitar informaciones y documentaciones por vía de acceso a la información pública. El intendente MIGUEL PRIETO VALLEJO, bajo el falaz argumento de no constituir información pública, denegó proveer dicha información, confirmando así la sospecha de la existencia de irregularidades en la citada adjudicación.
Conforme al CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA N.º 30/2021, la Municipalidad de Ciudad del Este abonó a la firma GEOCAD CONSULTORÍA, TOPOGRAFÍA Y AMBIENTAL DE JORGE DANIEL QUINTANA LÓPEZ la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL GUARANÍES (Gs: 267.300.000), por la constitución del Juez para el inicio de la mensura judicial, acto procesal que fue llevado a cabo en fecha 03 de diciembre de 2021, siendo las 13:00 horas. En cumplimiento de la providencia de fecha 08 de noviembre de 2021, se da inicio a las operaciones de mensura, conforme acta labrada en su oportunidad.
Con las informaciones proporcionadas por los profesionales intervinientes en el juicio de mensura y la copia del expediente que nos han exhibido, hemos podido corroborar que no existe constancia de factura por pago de gastos de cobertura expedida por el Juzgado, por haberse exonerado de pago a la Municipalidad de Ciudad del Este, por lo que no resta otra conclusión que la flagrancia en la comisión del hecho punible de lesión de confianza por parte del Intendente Municipal de Ciudad del Este y de todas las personas que componen las diversas direcciones por las cuales se tramitaron el contrafirmado con la firma GEOCAD.
