No hay dudas de que, ante la contundencia de los documentos, Miguel Prieto Vallejos, intendente suspendido por corrupción generalizada, y sus lacayos buscan “cagar” la intervención. Premio fueron los boicots, la proporción de información falsa, y no tuvieron resultados. Ahora Prieto decidió atacar y amedrentar en forma directa al interventor, Ramón Isidro Ramírez, quien antes de retroceder confirmó todos los hechos de robo que ya detectaron y anunció que se vienen los “gordos”. La ciudadanía esteña no cree en Prieto y eso queda patentado en las redes sociales.

Miguel Prieto quebró la comuna de CDE.
El suspendido, por corrupción, intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, intimó al interventor Ramón Ramírez a ratificarse o rectificarse de sus “declaraciones maliciosas y datos falsos”, que dañan su imagen y gestión. Prieto fue sacado de la comuna por corrupción. Se viene denunciando la existencia de un escandaloso esquema de saqueo de las arcas municipales que viene siendo confirmado mediante documentos.
Asimismo, Ramírez se ratificó en sus dichos, afirmando que es un intento de intimidación por parte del intervenido y su entorno. Aseguró que su equipo seguirá informando a la ciudadanía con transparencia.
La abogada de Prieto, Gilda Portillo, anunció que procederán con una demanda por calumnia y difamación. Esta es la abogada quien permanentemente está chicaneando para evitar que Prieto se someta a la justicia por robo en pandemia y otros hechos punibles que causaron un enorme daño patrimonial al municipio.
En su conferencia semanal, esta semana, el interventor habló de supuesto desvío de combustible, obras fantasmas y superpoblación de funcionarios. Tras dichas declaraciones, el equipo de Prieto se constituyó en la mañana de este jueves en la Municipalidad. Alfredo Ramírez, nexo asignado por Prieto ante el equipo interventor; la abogada del suspendido jefe comunal, Gilda Portillo, y la escribana Lizzie Cáceres intimaron a Ramírez, quien se ratificó en sus dichos.
La medida responde a lo que Prieto considera una campaña de desinformación, con datos falsos que lesionan su imagen y afectan directamente la gestión comunal que encabezaba. Se refiere concretamente a las afirmaciones del interventor emitidas el martes 15 de julio, en una rueda de prensa ofrecida desde el propio despacho de la Intendencia a las 08:00.
Para dejar constancia oficial del pedido de ratificación o rectificación, la escribana Lizzie Cáceres acudió acompañada de la abogada defensora del intendente, Gilda Portillo. Ambas fueron recibidas por el propio interventor, quien estuvo acompañado por su representante institucional en el proceso, Alfredo Ramírez. Lejos de atenuar sus palabras, el interventor se ratificó en todos los puntos cuestionados, según confirmó la misma escribana tras el acto notarial.
Ante esta postura, la abogada Portillo anunció que procederán con una demanda formal contra el interventor por calumnia y difamación. “Lo que ha dicho públicamente daña el honor de un servidor público, sin pruebas reales, y eso constituye un hecho punible. “Las documentaciones internas de la institución desmienten sus dichos”, expresó Portillo tras la diligencia.
Ramón Ramírez afirmó posteriormente que el suspendido intendente Miguel Prieto busca intimidarlo. “Es una intención de amedrentamiento, pero nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. “No vamos a retroceder ni un milímetro”, expresó Ramírez, firme en su postura.
“Estamos molestando con la información que estamos poniendo a conocimiento de la gente”, agregó, insinuando que las revelaciones de la intervención incomodan al entorno del suspendido jefe comunal, que utilizó las redes sociales para realizar su descargo.
“Me ratifiqué en todos los puntos”, confirmó Ramírez. Reconoció que en una conferencia anterior había dado cifras aproximadas sobre la cantidad de funcionarios, pero aclaró que “los números exactos fueron mencionados en otra conferencia, y están respaldados en documentos”.
Para el economista, este tipo de acciones forma parte de una estrategia para frenar el trabajo de la intervención. “Evidentemente es un intento de intimidarnos en el trabajo que estamos llevando adelante, pero vamos a seguir haciéndolo sin ningún tropiezo y con el mismo ímpetu”, aseguró.