El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, simulaba licitaciones para robar en plena pandemia. Y por eso tiene dos imputaciones. El fiscal Silvio Corbeta dio detalles sobre la segunda imputación contra el jefe comunal, quien sigue queriendo presentar el caso como una persecución política sin sustento. Para el representante del Ministerio Público, imputado dos veces ya por corrupción al jefe comunal esteño, nadie le quiere perjudicar. Prieto sigue negándose a someterse a la justicia y no desvirtúa ninguna de las denuncias en su contra.
Con su acostumbrado repertorio que ya nadie se traga, Prieto hizo declaraciones a la prensa de Asunción, diciendo que es un perseguido político, pero sin embargo no puede desvirtuar una sola denuncia en su contra.
Esta vez el fiscal, que lo imputó dos veces por corrupción, respondió a las ya muy gastadas expresiones de Prieto, y dijo que nadie tiene interés en perjudicarlos. Solo que debe aclarar las acusaciones y las debe hacer con documento y no declarando a la prensa que es inocente.
Silvio Corbeta (fiscal) Miguel Prieto (intendente CDE)
En la segunda imputación, una vez más queda demostrado que Prieto simulaba licitaciones para robar en plena pandemia. Mientras miles de paraguayos morían a causa del coronavirus, Prieto y sus secuaces estaban orquestando cómo aprovecharse de la situación y robar el dinero de los contribuyentes.
Los detalles de la segunda imputación y la respuesta de Corbeta a Prieto fueron publicados por El Observador en su página web.
El fiscal Silvio Corbeta aseguró que el Ministerio Público cuenta con elementos de sospecha sobre el presunto daño patrimonial de Gs. 306 millones a la comuna de CDE y manifestó que nadie en la Fiscalía tiene interés en perjudicar la carrera de Miguel Prieto.
Miguel Prieto fue convocado a prestar declaración indagatoria en la segunda causa en que se encuentra imputado con los demás funcionarios de la Municipalidad y el supuesto proveedor de panificados, que arrojó, de acuerdo a lo preliminar en la investigación, un perjuicio de Gs. 350 millones. En este segundo caso nos quedaba como una de las últimas diligencias darle la oportunidad de defenderse a los procesados de los hechos que le son atribuidos», explicó Corbeta a El Observador.
Manifestó que hizo una declaración bastante breve. «Explicó que básicamente lo que realizó fue por motivos de la pandemia y de la urgencia que suscitaba en ese momento». De todas maneras, tiene ese derecho a la defensa; puede manifestar lo que crea conveniente a su derecho, y también de proponer pruebas; y todas las pruebas que propuso están siendo diligenciadas por parte del Ministerio Público en igualdad de condiciones, así como el Ministerio Público también se encuentra realizando las diligencias pertinentes para la presentación de un requerimiento conclusivo».
Explicó que la sospecha versa sobre la existencia de un perjuicio patrimonial de aproximadamente G 306.000.000 que se habría dado en una licitación en el año 2020, la época de la pandemia, y se habría utilizado la vía de la excepción. «Recordemos que, en aquel entonces, en ese contexto, la vía de excepción fue prevista para exclusivamente aplacar lo que sería utilizar medidas de mitigación o de prevención contra el covid-19; en este caso fue para la elaboración de panificados para distribuir a personas de escasos recursos». En ese contexto, nosotros hemos descubierto que las tres empresas proveedoras que se habían presentado para ser evaluadas por el Comité Evaluador a cargo de la UOC de la Municipalidad de Ciudad del Este estaban vinculadas entre sí en grado de parentesco, ya sea político y consanguíneo, y una de estas empresas fue beneficiada. La empresa beneficiada hoy pertenece a un imputado cuya sobrina era otra de las oferentes. Y finalmente, conforme a la trazabilidad que en ese momento se realizó por la DNIT, se pudo descubrir que esta persona, esta sobrina, habría sido otra vez la proveedora de todos los productos a esta empresa que ganó la licitación, y conforme a esa trazabilidad se habría descubierto que no tenían los productos que supuestamente le proveyeron. Entonces así fue que construimos el perjuicio patrimonial y de esa manera formulamos imputación en su momento ante la sospecha de que no existió una provisión real de mercaderías, sino que simplemente la documentación y todo el proceso habrían sido amañado con el objeto de justificar de alguna manera la salida de los fondos de la Municipalidad y en ese contexto se habría dejado constancia, por ejemplo, de la recepción de estas supuestas mercaderías».
Sobre las manifestaciones de Prieto, quien aseguró que se trata de una persecución política, Corbeta descartó esto e indicó que el Ministerio Público cuenta con «suficientes elementos de sospecha y elementos objetivos que indican que se produjo un perjuicio patrimonial a la institución». No tiene sentido sostener la existencia de una supuesta persecución política porque nadie en particular tiene un interés en perjudicarlo en su carrera política, sino hacer el trabajo que corresponde a la Unidad Anticorrupción que justamente es perseguir hechos relacionados con corrupción pública, como en este caso hay sospecha de un hecho de corrupción, de un presunto desvío de G. 306 millones, y en base a elementos objetivos es lo que se formuló una imputación y esta investigación continúa su curso», finalizó.
