El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, prometió someterse a la justicia, dijo que él no correría. Pero ahora comienza a chicanear para eludir la Justicia. Su abogado pidió suspender la audiencia de imposición de medidas. El jefe comunal no tendría “arreglado” la libertad ambulatoria, y teme que el Juez José Delmás ordene su reclusión domiciliaria con el cual perderá el cargo. De hecho, ante la contundencia de las evidencias sobre el robo en el caso de la compra en la despensa “Tía Chela”, Prieto no puede seguir al frente de la Intendencia Municipal.
Es bien sabido la soberbia, prepotencia, las mentiras y ahora la incoherencia de Prieto. Cuando salió su imputación el mismo en todas las emisoras de Asunción dijo que se sometería a la justicia, que él no va a correr, por que hizo todo bien las cosas.
Pero ahora comienza a chicanear. Trata de postergar la audiencia de imposición de medidas. Quiere eludir a la justifica y eso es por qué no hizo bien las cosas. Hay documentos que muestran que se robo el alimento que debía ser destinados a familias vulnerables de Ciudad del Este. Se tragaron más de 1.000 millones de guaraníes, solo en este rubro.
El lunes 24 se informó que la defensa del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, solicitó la suspensión de la audiencia de imposición de medidas cautelares, fijada por el juez José Delmás para el 28 de julio, alegando que dicha fecha coincidirá con un viaje a la Argentina, cuyos pasajes habría adquirido antes de la imputación que fue admitida el 19 de julio pasado.
En la nota presentada por el abogado Guillermo Ferreiro Cristaldo, éste asume la defensa de Miguel Prieto Vallejos y de Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, director de Recaudación de la municipalidad esteña, en la causa por el presunto perjuicio patrimonial en la comuna de G. 1.769.790.000 en la compra ficticia de 25.000 kits de cestas básicas de víveres para familias humildes en abril de 2020, durante la pandemia del covid-19.
El abogado Ferreiro viajará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que incluye constancia de pasajes aéreos con fecha de partida desde el aeropuerto El Pukú de la ciudad de Formosa (Argentina), el 25 de julio, así como el retorno fijado para el 28 de julio, afirmando que su actividad migratoria quedará registrada en la Aduana del Puerto de Itá Enramada o Puerto Falcón.
Los fiscales Silvio Corbeta, Rodrigo Estigarribia y Alma Zayas imputaron por lesión de confianza al actual intendente de la capital de Alto Paraná, junto con otras diez personas. Según el Ministerio Público, la compra se generó vía excepción y la firma beneficiada es Tía Chela SRL. La investigación refiere también que se habría simulado una cadena de compra y venta donde participó la empresa Vanemi SA, cuya responsable es Emili Vanessa Florentín, quien sería del entorno de Prieto.
