La fiscalía allanó el local de la firma El Distribuidor, propiedad de Eugenio Torres Zaracho. El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, en plena pandemia compró de allí 24 mil kits de alimentos, pero los documentos revelan que solo 12 mil le entregaron. ¿Qué pasó del resto? Eso busca aclarar el Ministerio Público. Este caso por el daño patrimonial causado, que es superior a los 2.600 millones de guaraníes, es más grande que el de Tía Chela. Van saliendo cada vez más documentos sobre cómo Prieto y su gavilla robaron el dinero del pueblo, mientras ciudadanos enterraban a sus muertos a causa del coronavirus.
El Distribuidor
Documentos sobre la tercera millonaria compra de kits de alimentos para familias pobres de Ciudad del Este, que hizo en forma directa Prieto en la pandemia, revelan otro grosero negociado del intendente de Ciudad del Este, quien ya está imputado por un delito similar. El jefe comunal compró 24 mil kits, pero se entregaron solamente 12 mil kits. Los precios están sobrefacturados y se cambiaron las marcas de los artículos, poniendo más baratos. Todo esto está confirmado por la Contraloría General de la República.
Al igual que los escandalosos casos de compra de alimentos de la despensa barrial “Tía Chela”, que ya no existe, de B.H. Services S.R.L., el caso de El Distribuidor, propiedad de Eugenio Torres Zaracho, es otro de los negociados que el intendente Prieto hizo aprovechando la situación de necesidad de cientos de familias durante la pandemia por el coronavirus.
Prieto, quien ya está imputado por el caso de Tía Chela, compró 24 mil kits de El Distribuidor en abril de 2020, de acuerdo al contrato 19/2020, firmado por Prieto y Rubén Velázquez, actual senador; la orden de compra, firmada por Francisco Arrua, ex candidato a senador, también imputado y actual secretario general de la comunal.
Los agentes fiscales Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle llevaron adelante un allanamiento en el local de la firma “El Distribuidor S.R.L.”, ubicado en Ciudad del Este, en el marco de la causa 40/24, denominada “Miguel Prieto y otros / Lesión de confianza”.
El Ministerio Público investiga presuntas irregularidades en la provisión de kits alimenticios para familias de escasos recursos durante la pandemia del Covid-19, para lo cual se habrían realizado pagos millonarios a la empresa mencionada; sin embargo, los productos entregados no coinciden con las especificaciones estipuladas en el contrato firmado entre las partes.
Se detectó que productos como el azúcar y el aceite no corresponden a las marcas contratadas, lo que levantó sospechas de un posible esquema fraudulento.
La intervención fue impulsada con el propósito de realizar una exhaustiva búsqueda e incautación de documentos que pudieran estar relacionados con los hechos investigados. Cabe destacar que la presente causa surge luego de una serie de intervenciones hechas por la Contraloría General de la República y las documentaciones remitidas al Ministerio Público.
Silvio Corbeta, fiscal
Según la hipótesis investigativa, la Municipalidad habría desembolsado la suma de Gs. 2.637.408.000 para la adquisición de productos que no cumplían con las especificaciones acordadas y sin los permisos necesarios para la comercialización de productos de consumo humano.
Además, se sospecha que estos alimentos fueron distribuidos de manera irregular a las familias beneficiarias sin que se haya podido determinar su origen o si cumplían con los requisitos legales.
El procedimiento buscó la incautación de diversas pruebas, incluidos documentos clave, facturas, contratos y equipos de almacenamiento, como computadoras y discos duros, que podrían ser analizados para determinar la veracidad de las acusaciones.
La Fiscalía tiene previsto continuar con la investigación en los próximos días para esclarecer la magnitud del fraude y determinar las responsabilidades de los involucrados, incluyendo funcionarios de la Municipalidad y representantes de la empresa contratista.
Durante el allanamiento se incautaron documentos, facturas, contratos, computadoras y discos duros, los cuales serán analizados en el marco del proceso penal. La Fiscalía continuará con las diligencias para determinar posibles responsabilidades tanto de funcionarios municipales como de representantes de la empresa proveedora.
