El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, expone a la comuna esteña a un grave daño patrimonial. Es por negarse a incluir en el presupuesto el rubro para pagar a la Caja de Jubilaciones del Personal Municipal la suma de G. 12.700 millones. Es una deuda que podría haberse reducido si accedía a una negociación.
La comuna de CDE y el intendente Prieto fueron notificados sobre la determinación judicial que ya salió de la propia Corte Suprema de Justicia, de que se debe pagar la suma de G. 12.700 millones a la Caja de Jubilaciones del Personal Municipal.
En el proceso existe una tremenda decidía de la Asesoría Jurídica actual de la comuna. La defensa legal de la comuna está a cargo de los abogados Nidia de Prieto (tía del intendente) y Ricardo Romero (ex compañero del intendente), quienes han demostrado una tremenda inutilidad.
Piden que la fiscalía intervenga.
La providencia por la cual se ordena incluir en el presupuesto de la comuna de CDE la suma mencionada, indica que si Prieto no acata la medida judicial, se debe remitir las compulsas al Ministerio Público para que procese al intendente Prieto por desacato.
Esto fue en febrero de 2022, el jefe comunal, hasta ahora el jefe comunal no envió a la Junta Municipal una reprogramación del presupuesto incluyendo el monto en el rubro correspondiente.
Piden procesamiento de Prieto.
Pero sugestivamente el Ministerio Público sigue negándose a procesar al intendente Miguel Prieto, pese a todas las denuncias.
En relación al caso esto publico 247 CDE y por considerarlo de interés lo transcribimos:
Una nueva sangría a las arcas de la comuna de Ciudad del Este se tramita en tribunales debido a la ineficiencia de la dirección jurídica de la municipalidad, además de la terquedad y capricho del intendente municipal Miguel Prieto Vallejos.
A pesar de que cuando se desempeñaba como concejal municipal, Prieto era uno de los más insistentes en que se debía ir saldando la deuda histórica con la caja de Jubilaciones del Personal Municipal, pero una vez que asumió el cargo de ejecutivo municipal se encapricho en no cumplir con las trasferencias a la caja a pesar de que si se realizan los descuentos.
Esta determinación caprichosa de Prieto Vallejos, origino el inicio de un juicio ejecutivo de la Caja de Jubilaciones, y la comuna ya el pasado año 2021 fue condenada a incluir en su presupuesto de este año 2022, un monto superior los 12.700 millones de guaraníes. En el mes de julio del 2021 la justicia notifico al intendente y a la junta municipal sobre la decisión, pero ni el intendente ni la junta incluyo ni siquiera de manera parcial el monto determinado por la justicia.
Ante el capricho de no cumplir con la decisión judicial ahora el intendente Miguel Prieto Vallejos ahora es denunciado por desacato al negarse a cumplir la orden judicial.
