El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, destituido por corrupto y con aspiración presidencial, tiene 51 denuncias por múltiples hechos punibles. De ese total, 48 están cajoneados. Solo tiene tres imputaciones donde el daño patrimonial es pequeño. Se le deja libre en las tres imputaciones para que siga operando, inclusive modificando las evidencias. Sus abogados chicanean groseramente. Pero no pasaba nada. Esto deja evidencia de que Prieto tiene la protección del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y de ministros de la Corte Suprema de Justicia. El exintendente nunca dijo una sola palabra contra los mismos, pese a que sus aliados, especialmente Kattya González, no economizan municiones para atacar a la justicia. Saquen sus conclusiones.
La gran pregunta es cuánto cuesta el saco que usa Prieto y qué tan grande es, porque está visto que protege a muchos, a sus cómplices y a sus operadores políticos, y lo de Eduardo Joel Ríos Dávalos, más conocido como “Dudu Dávalos”, es un solo ejemplo. El patotero, pese a todo, sigue libre. Por ser aliado de Prieto.
Las denuncias presentadas contra el exintendente están bien documentadas. Son contundentes. Pero solamente está imputado, pero ni siquiera hay pedido de prisión. Luego de la primera imputación, Prieto siguió en el cargo, manipulando y “arreglando” los documentos, borrando las evidencias físicas de los hechos de corrupción.
El saco que protege a Prieto debe costar mucho. Porque, inclusive admitiendo los hechos punibles, el mismo no es imputado, no se ordena su detención. Y esto quedó claro con el caso de los “nepoprimos”. Prieto admitió sin empachos dos veces que contrató a sus primos. En la primera ocasión en un programa de televisión con alcance nacional y en vivo.
La segunda fue ante todos los medios de prensa de Asunción, algunos transmitiendo en vivo.
La denuncia documentada sigue cajoneada en el Ministerio Público. Es que el caso de nepotismo que el propio aspirante a la presidencia admitió públicamente lo dejaría fuera de la carrera presidencial, atendiendo a la sanción, la de no poder acceder a un cargo público.
Sabemos que el saco es caro, pero ¿qué tan grande es? El caso del patotero Dudu Davalos no es el único. El propio Prieto, para salvar el pellejo de su prima, Maribeb Alonzo Vallejos, denunció a su amigo especial, Nelson Alexis Segovia Acevedo, por el esquema de robo de las recaudaciones. Presentaron parcialmente las documentaciones. Después, el interventor Ramón Ramírez amplió la denuncia y presentó todos los documentos, que son contundentes, pero en la fiscalía siguen sin imputar a Nelson Alexis porque es un “amigo” de Prieto.
Pero la impunidad y protección que tiene Prieto con su saco costoso no se limita al Ministerio Público, sino que se extiende a la máxima instancia judicial.
Es grosero cómo Prieto y sus abogados chicanean. Hasta el fiscal Silvio Coberta ya presentó una formal denuncia ante la Corte Suprema de Justicia, pero también es cajoneada.
Todo se dilata en la administración de justicia cuando se trata de Prieto y sus lacayos.
Para coronar, Prieto nunca abrió la boca para decir algo contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y contra los ministros de la Corte Suprema de Justicia, mientras sus aliados políticos no economizan municiones para atacar tanto al Ministerio Público como a la Corte.
Los ciudadanos pueden sacar sus conclusiones.
Prieto tiene protección e impunidad. Es intocable para la fiscalía y la máxima instancia judicial.
