El político colorado-cartista, Ever Rojas Borjas, el dueño del puerto privado Campestre S.A., se quedó sin sus privilegios y debido a eso comenzó a denunciar supuestas roscas de corrupción y monopolio en los trámites de importación y exportación de cargas en Ciudad del Este. Lanzo duros ataques contra su competidor Almacenes General S.A. (ALGESA) y contra funcionarios brasileños del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA). Pero no presentó un solo documento o evidencia. Pero el mismo fue blanco de graves denuncias de corrupción y de ser un camaleón en la política.
Hasta el momento no surgieron los documentos o evidencias sobre las denuncias del político colorado-cartista, propietario del puerto seco de Campestre S.A., que, según las publicaciones de ABC Color, fue creado para monopolizar el ingreso del contrabando en Ciudad del Este.
En su apogeo, el denominado esquema Latina Imp. Export. metía por semana contrabando por unos 40 millones de dólares por semana. Toda la carga venía de China continental vía Iquique, Chile, y todo se despachaba en Campestre. La denuncia está en ABC Color.
Las acusaciones contra ALGESA y los funcionarios brasileños del MAPA se deben a que Rojas Borja perdió todo el privilegio que tenía mediante la política, indicaron despachantes e importadores.
Él mismo ataca a su competencia y a los funcionarios brasileños, que son los últimos de la cadena. No dice nada contra los responsables directos, que son la Gerencia de Aduanas de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), quienes deberían decir si algo está mal, pero no dicen nada.
En las publicaciones mandadas a hacer por el político colorado-cartista, se indica que Rojas Borja advierte que el supuesto monopolio no solo afecta la economía del transporte, sino que provoca un aumento en la cantidad de accidentes viales.
El congestionamiento, la espera prolongada y el desorden en los accesos son factores que generan situaciones de alto riesgo para choferes, otros conductores y pasajeros. “El dinero no lo es todo en la vida”, sentenció, remarcando que su compromiso es con la legalidad y el interés ciudadano.
Pero el ataque del mismo precisamente es por el dinero.
ACUSACIONES DE CORRUPCIÓN
CONTRA EL DENUNCIANTE
El diario La Nación publicó una grave denuncia contra Ever Rojas Borja, que inclusive involucraba a su esposa cuando era fiscal. Los acusaban de extorsionar a los importadores que operaban en su puerto privado. Y por sobre todo, que era un camaleón de la política, siempre buscando tener privilegios.
“Nicanor Duarte Frutos presentó a su candidato a la gobernación por el Movimiento Progresista Colorado, el despachante aduanero Éver Rojas Borja. La polémica se inicia en la candidatura del mismo, pues hasta hace algunas semanas era candidato oficial del movimiento del diputado Óscar Tuma.”, decía la publicación.
Agregaba:
Otro punto llamativo es el ataque y amenaza de Duarte Frutos contra el juez Silvio Rojas, de Hernandarias, y la jueza electoral Carmen Chávez, por el simple hecho de haber dado curso favorable a las acciones judiciales de la comuna y del actual cónsul y secretario general de la Junta Municipal con permiso, Blas Darío Domínguez.
Además de considerarse una nueva intromisión del poder político en la Justicia, esta acción es considerada una contradicción de parte de Nicanor, pues su candidato Rojas Borja es acusado por varios importadores de «trabajar» en conjunto con su esposa, la fiscal Liz Carolina Alfonso, para extorsionar a importadores.
Y completaba:
Según los datos, Rojas Borja, dueño del puerto seco «Campestre», al poseer información privilegiada, da aviso a su esposa, quien interviene en los casos de supuesta entrada de productos falsificados, en su carácter de fiscal de Marcas y del Erario Público.
El abogado Christian Cabral, candidato a diputado y representante legal de la comuna, expresó sobre la situación que «no se puede pretender hablar de independencia de poderes, de fiscales y jueces que no sean presionados por el poder político, y venir a amenazar a jueces por el solo hecho de salir en contra de su candidato a diputado, que es también concejal municipal». Uno de los afectados por las resoluciones judiciales es el edil esteño Juan Ángel Núñez.
