Denunciar la corrupción en la gestión pública, o acusar a un político que está en un cargo público, es “terrorismo de Estado”. Parece una joda. Pero no lo es. Lo afirmó el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, quien es aspirante a presidente. El jefe comunal con rótulo de corruptos, según los documentos, presiona para apartar a cualquier precio al fiscal Silvio Corbeta. Quiere un fiscal a la medida, al estilo Juan Ledezma, quien inició un proceso para blanquearlo. Hasta que rajado de la Unidad Anticorrupción por graves irregularidades.
El argumento muy gastado y que siempre los políticos corruptos de turno usan es que son perseguidos políticos cuando se les denuncia. Pero ahora resulta que para el intendente Prieto, denunciar hechos de corrupción, denunciar a políticos corruptos, quienes roban el dinero del pueblo, quienes quieren someter a la justicia, a la fiscalía, a sus intereses, es “terrorismo de Estado”.
Fran Arrua y Prieto. Ambos imputados. Una joda.
No es broma. Prieto lo dijo en forma clara ante los medios de prensa de Asunción, donde él mismo va a mentir porque no le conocen. No conocen cómo se maneja la institución municipal a cargo del Clan Prieto.
La página web El Observador al respecto indica que, durante su conferencia de prensa, Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, cuestionó duramente el actuar de la Fiscalía ante irregularidades en las investigaciones abiertas en su contra.
Con respecto al motivo de su solicitud, mencionó: “Estamos convencidos de que tenemos documentos, ─como pueden ver─, de que no se están haciendo bien las cosas». Muchas causas ya deberían de haber terminado, incluso la propia Fiscalía ya había solicitado la desestimación porque habían solicitado peritajes, y los peritajes salieron a favor mío, diciendo “concluimos que las obras, por ejemplo, pozos artesianos, plazas, costanera”, estoy citando tres causas, en la cual ya en el 2021 se solicitaron auditorías. En esas tres causas los peritos concluyeron que las obras están, que los precios corresponden, que no hay sobrefacturación y el fiscal Juan Manuel Ledezma había solicitado la desestimación de la denuncia”.
Así también, comentó que “pasaron dos años y ningún juez se animó a dar la desestimación de la denuncia, ni un solo juez». Pero el 8 de agosto de 2023, ya con el nuevo cambio de gobierno, el fiscal Silvio Corbeta, sin tener intervención, una resolución de intervención en esas causas, que es algo totalmente ilegal e ilegítimo”.
“Lo que pedimos es que el Fiscal General del estado tome carta en el asunto, mire un poquito los expedientes y vaya solicitando ya la desestimación de por lo menos 31 causas que ya tengo que tienen que terminar. «Lo que están haciendo conmigo es un terrorismo de estado”, expresó.
También añadió que “hay una retórica por parte del oficialismo donde dice: «¿Cómo este tipo va a ser candidato a tal cosa o sigue libre si tiene 42 causas?», pero las 42 son causas absurdas. Tenemos todas las pruebas. Y hoy yo exijo que la fiscalía investigue y que los responsables paguen. «Que los responsables de este terrorismo de estado que están haciendo, paguen por eso”.
“Mis abogados están superpreparados. Este año, si Dios permite, nos vamos a juicio oral en la causa de tía Chela y tenemos muchas sorpresas, muchas sorpresas”, agregó.
“Estamos presentando una denuncia solicitando una auditoría de 31 causas que tienen que terminar ya”, concluyó.
