El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, comanda un esquema de desvío de fondos municipales, mediante procesos de compras y contrataciones amañadas. Están involucrados concejales, funcionarios y proveedores, son firmas de maletín creadas para los negociados. Esto es lo que se desprende de la segunda imputación penal contra el jefe comunal, y otras 12 personas, quien pese a todo sigue administrando el dinero del municipio.
Las evidencias sobre la existencia de esquemas de corrupción en la Intendencia Municipal de Ciudad del Este, son contundentes y demuestran como mediante diferentes tipos de maniobras desvían sumas siderales del dinero del municipio, causando un enorme daño patrimonial a la comuna esteña.
Los responsables, y el cerebro, de todos estos esquemas que son implementados para desviar la plata de los contribuyentes están debidamente identificados y hay denuncias concretaras con abundantes evidencias.
El Ministerio Público formuló una nueva imputación al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y otras 12 personas, por un perjuicio patrimonial de poco más de G. 306.000.000 a la comuna esteña por medio de una licitación amañada.
La causa penal a cargo de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María es por los tipos penales de lesión de confianza y asociación criminal tanto al intendente Miguel Prieto, como altos funcionarios de la comuna y representantes de firmas oferentes en licitaciones a favor del municipio más grande en el departamento de Alto Paraná.
De acuerdo al relato fáctico Prieto Vallejos habría encabezado un esquema creado para el desvío de los recursos municipales a partir del perjuicio patrimonial a la institución, con la promoción de licitaciones públicas cuyas contrataciones estarían direccionadas a empresas afines o funcionales a su persona, dirigido a la obtención de beneficios económicos indebidos.
Dicha estructura, siempre bajo la hipótesis fiscal, está compuesta por la Lic. Maggi Fariña, coordinadora de la UOC (actualmente ya no es); Sebastián Martínez, director de Desarrollo Social y actual concejal municipal; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas, y actualmente secretario general de la Intendencia; Alex Samhat, jefe de la Planta Procesadora de Alimentos de la Municipalidad de Ciudad del Este y administrador del contrato, Higinio Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz y Nelson Segovia, del área financiera, Buenaventura Morínigo, de Tajy Servicios Generales, Sabino Peralta Martínez, cobrador del cheque; Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi SA, ex pareja del intendente Prieto y actual funcionaria planillera de la comuna; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi SA, Richard Ayala Avalos, cuñado de Emili Vanessa Florentín Páez.
El hecho específico que motiva las imputaciones refleja que entre marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, habría convocado y promovido una licitación POR LA VÍA DE EXCEPCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA FABRICACIÓN DE PANIFICADOS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS POR PANDEMIA COVID 19 (ID № 382.239), con supuestos fines sociales.
“No obstante los elementos recabados nos indican que todo este proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional al Intendente, en este caso, la empresa unipersonal Tajy Servicios Generales del Sr. Buenaventura Morínigo. Dicho procedimiento de compra pública de acuerdo a las sospechas preliminares estaría planificado para ocasionarle detrimento al patrimonio de la comuna esteña con el objeto de sacar provechos económicos indebidos, debido a que las mercaderías no solo nunca se habrían proveído, sino que nunca habrían sido adquiridas por la empresa proveedora”, detalla parte de la imputación.
“En ese orden de ideas, en fecha 11 de junio del 2020, el Intendente Municipal Miguel Prieto Vallejos y sus asociados le habrían ocasionado un perjuicio a las arcas municipales de G. 306.188.500, a través del pago realizado a la empresa proveedora por mercaderías inexistentes, bajo la sospecha de que este procedimiento fue diseñado al efecto de sacar provechos económicos.”
Con información de El Observador
