La Justicia ordeno a la comuna pagar más de G. 330 millones en un proceso judicial que se inició por la soberbia del intendente de CDE, Miguel Prieto, quien apenas asumió el cargo en 2019 comenzó una persecución policía contra varios trabajadores. Además, existe una tremenda decidía de parte de la asesoría jurídica de la institución municipal.
La Justicia ordeno que el intendente Prieto pague 306 millones de guaraníes que reclama el abogado Virgilio Benítez Alvarez, más 30 millones de guaraníes en concepto de gastos de justicia.
Este es un nuevo caso donde se causa un daño patrimonial a la institución municipal debido a la soberbia del intendente Prieto.
Observando los documentos se ve puede entender que hay una tremenda inutilidad de la asesoría jurídica de la comuna, que tuvo su apogeo cuando estaban allí la abogada Nidia Silvero de Prieto, tía del jefe comunal, y el abogado Ricardo Romero, ex compañero de Prieto.
Ambos fueron rajados por Prieto tras descubrir un cobro de una suma millonaria de coima, que el jefe comunal no se enteró, y cuando lo puso rajo a su tía, y convirtió a su ex compañero en planillero, para no dejarlo sin trabajo.
La Ley dice claramente que Prieto es responsable civil y penal de las medidas que asume y debe responderlo con sus bienes su causa daños, como este.
En relación este caso el perfil 24/7 CDE publicó lo siguiente:
Este es solo uno de los centenares de casos de la terrible persecución que inició Miguel Prieto Vallejos y su equipo jurídico que al asumir en mayo del 2019 estaba liderado por Nidia Silvero de Prieto.
Desde mediados del 2021 la justicia tras la ineficiencia e ineficacia de la Dirección jurídica de la Municipalidad de Ciudad del Este, fue resolviendo los casos denunciados principalmente por despidos injustificados como resultado de una terrible persecución política iniciada por el actual jefe comunal y su equipo jurídico municipal.
Tal es así que siguen sumando los casos donde la Justicia en todas las instancias ordena la reposición en el cargo de los trabajadores injustamente despedidos, el pago de los salarios caídos y las costas de los juicios a la comuna.
Este caso en particular justicia ordena el pago inmediato de las de 300 millones de guaraníes o el embargo de las cuentas de la comuna para garantizar el cumplimiento de la resolución judicial.
Este es solo uno de los tantos casos similares explicó el abogado Braulio Duarte que representa a casi un centenar de ex trabajadores de la comuna. Todos los despedidos asesorados por Duarte ya ganaron el juicio en el ámbito judicial y en muchos casos sólo aguardan el cumplimiento de la resolución de la justicia.
