La ANDE desmantelo otra mineradora clandestina que estaba robando energía, y que dejaba sin el servicio de electricidad a un importante sector de la ciudad de Santa Rita. Pero una vez más no hay imputados, se protege a los dueños cuyos nombres no son revelados. Quien intervino es el fiscal, Julio César Paredes, y el procedimiento se hizo con orden judicial. Había 677 maquinas procesadoras de criptomonedas, de acuerdo a los datos que dieron desde la compañía estatal.
A raíz de denuncias por inconvenientes de cortes de energía eléctrica por parte de los clientes en la ciudad de Santa Rita, Departamento de Alto Paraná, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), realizó las verificaciones correspondientes en la línea de Media Tensión que abastece de energía eléctrica a la zona, en horas de la madrugada de este jueves 4 de abril del año en curso.
Se detectó un gran consumo de energía eléctrica en el establecimiento con conexión directa en Media Tensión, dedicado a la criptominería, que motivo la formulación de una denuncia penal por los hechos punibles de Sustracción de Energía Eléctrica, Sabotaje y Perturbación de Servicios Públicos ante el Ministerio Público.
El Juez Penal de Garantías de Santa Rita, Dr. Bernardo Silva, ordenó el allanamiento e intervención del establecimiento, y el procedimiento está a cargo del Agente Fiscal, Dr. Julio César Paredes de la Unidad Penal Nro. 8, Especializada en Sustracción de Energía Eléctrica de la sede Regional del Ministerio Público de Alto Paraná, con acompañamiento del personal policial y funcionarios de la ANDE.
En el lugar se encontraron 4 (cuatro) transformadores, totalizando una Potencia total de 6.000 kVA que alimenta a más de 677 máquinas procesadoras de criptomonedas. Todos estos equipos se encontraban en un compartimiento del inmueble el cual fue lacrado por orden del Agente Fiscal interviniente, quedando dicho inmueble bajo resguardo de efectivos de la Policía Policial.
El procedimiento continuará el día de mañana, ocasión en que el Fiscal interviniente adoptará la decisión de incautar los equipos mencionados y ordenar de traslado de los mismos al sitio que dicha autoridad determine.
Con esta intervención se evita para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) una pérdida de más de 470 millones de guaraníes mensuales, y el ilícito detectado constituye una de las principales causas de los inconvenientes que afecta la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico.
