Funcionarios de la ANDE desmantelaron otra mineradora de criptomonedas que estaba funcionando en una casa en el barrio San José, de Ciudad del Este. Además de administrar la moneda virtual que no esta reglamentado en el Paraguay, y es clandestina, existe robo de energía eléctrica. Quienes roban la electricidad pueden irse tres años a la cárcel, de acuerdo a lo que establece las normas legales. Pero lo que sorprende de todo esto es que el Ministerio Público sigue sin imputar a nadie.
Las mineradoras de criptomonedas siguen operando en la clandestinidad y robando energía de la ANDE, que perjudica a todos los usuarios de la compañía estatal.
La ANDE viene realizando una tarea para desmantelar estar mineradoras, pero lo que sorprende es que el Ministerio Público no imputada a nadie.
En los informes que divulga la compañía estatal se dejo de informar quienes son los propietarios de los locales donde funcionan estos establecimientos clandestinos que roban electricidad.
Sobre el ultimo procedimiento esto es lo que informó la ANDE.
Tras una verificación realizada por funcionarios técnicos de la Administración Nacional de Electricidad, se confirmó la existencia de una conexión irregular en Baja Tensión con derivación antes del medidor en un inmueble ubicado en el barrio San José de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.
Este inmueble estaba dedicado a la producción de monedas digitales.
La intervención tuvo lugar martes 2 de abril, como parte de la lucha frontal que la Institución lleva adelante contra las conexiones irregulares que causan un gran perjuicio económico y afectan el funcionamiento adecuado de las redes eléctricas.
Al verificar y confirmar el delito de sustracción de energía eléctrica, los técnicos de la institución procedieron a regularizar el suministro y cortar la derivación que ocasionaba una pérdida mensual de alrededor de G. 58.000.000, que incluye la multa por el delito según lo establecido en la Ley 966 y los gastos asociados a la intervención.
Es importante recordar que este tipo de ilícito está penado con hasta 3 años de pena privativa de libertad, según lo dispuesto en el Artículo 173 del Código Penal Paraguayo.
