Un tribunal rechazó otra chicanería de Miguel Prieto Vallejos, exintendente de Ciudad del Este, destituido por corrupto; y su pandilla. Con esto se confirma que Prieto y parte de su “equipo”, entre ellos el concejal rastrero, Sebastián Martínez, y su expareja Emili Vanesa Florentín Páez, deberán ser juzgados por el caso del robo de los kits de alimentos que simularon comprar de la despensa barrial “Tía Chela” por 500 mil dólares.
El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado, Primera Sala, declaró inadmisible el recurso de apelación general promovido por la defensa de Emili Vanessa Florentín Páez, una de las acusadas en la causa conocida como “Tía Chela”, que investiga un presunto esquema de corrupción y un perjuicio millonario a la Municipalidad de Ciudad del Este durante la pandemia del COVID-19.
La resolución fue dictada dentro de la causa luego de que el abogado Carlos Daniel Alarcón apelara el Auto Interlocutorio N.º 403, que ordenó la apertura a juicio oral y público y dispuso medidas alternativas a la prisión preventiva para varios de los procesados.
La Cámara centró su análisis exclusivamente en el punto referido a las medidas cautelares impuestas a Florentín Páez y concluyó que el recurso no superó el examen de admisibilidad, al haber sido presentado fuera del plazo legal.
De acuerdo con las constancias del expediente electrónico, la resolución cuestionada fue notificada a la defensa el 28 de noviembre de 2025, momento a partir del cual comenzó a correr el plazo de cinco días corridos, conforme al Código Procesal Penal, al tratarse de una cuestión vinculada a medidas cautelares. Dicho plazo fenecía el 3 de diciembre de 2025, pero la apelación fue interpuesta recién el 5 de diciembre, lo que llevó a los camaristas a declarar inadmisible la pretensión por extemporánea.
El fallo fue dictado por unanimidad, con voto del magistrado Mario Camilo Torres, al que adhirieron Paublino Escobar Garay y Arnulfo Arias.
La decisión del Tribunal de Apelación se da en el marco del avance sostenido del proceso penal, luego de que el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, elevara a juicio oral y público la causa contra Miguel Prieto Vallejos y otros diez acusados.
Emili Vanesa Florentín Páez
Durante la audiencia preliminar, Otazú admitió íntegramente la acusación del Ministerio Público, presentada por el fiscal anticorrupción Silvio Corbeta Dinamarca, y rechazó todos los incidentes promovidos por las defensas, entre ellos pedidos de nulidad, sobreseimiento definitivo y exclusión probatoria. Asimismo, aceptó gran parte de las pruebas ofrecidas por los acusados, aunque excluyó a algunos testigos.
A pedido de la Fiscalía, el magistrado impuso medidas alternativas a la prisión, como la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado, con el fin de asegurar el sometimiento de los encausados al proceso.
Según el Ministerio Público, la causa se centra en la adjudicación directa de 25.000 kits de alimentos, por un monto total de G. 2.949.650.000, realizada entre marzo y julio de 2020 mediante una licitación por la vía de la excepción que, a criterio fiscal, no reunía las condiciones de urgencia exigidas por la ley.
La Fiscalía sostiene que la empresa adjudicada, Tía Chela SRL, no contaba con la capacidad técnica, financiera ni logística para cumplir el contrato y que se documentó la entrega de mercaderías que no ingresaron efectivamente a la municipalidad, generando un perjuicio patrimonial estimado en G. 2.130.036.160.
En cuanto a Florentín Páez, la acusación le atribuye la construcción de cadenas de compra-venta ficticias por al menos G. 692 millones, a través de su empresa Vanemi SA, actuando como principal subproveedora con el objetivo de encubrir la falta de contraprestación real de los productos. El Ministerio Público también vinculó a dicha firma con otras adjudicaciones por excepción, contrataciones a través de comisiones vecinales y la adquisición de una vivienda valuada en US$ 370.000 en el Paraná Country Club, operación considerada llamativa por haberse concretado en el mismo período de las licitaciones investigadas.
Junto al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, el proceso penal alcanza a otros diez imputados que, según la acusación fiscal, habrían integrado un esquema destinado a ocasionar un perjuicio patrimonial a la comuna esteña durante la pandemia.
Entre los procesados se encuentran Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Sebastián Martínez Insfrán y Maggi Fariña Almada, además de José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz Ramírez y Nelson Segovia Acevedo, todos ellos señalados por el Ministerio Público como funcionarios o colaboradores que, desde sus respectivos roles, intervinieron en los procedimientos administrativos, dictámenes, evaluaciones de ofertas, autorizaciones de pago y certificaciones de recepción de mercaderías.
Asimismo, está acusado Fermín Ávalos Britos, representante legal de la firma Tía Chela SRL, a quien la Fiscalía atribuye haber facilitado la estructura jurídica de la empresa para concretar la adjudicación y documentar la provisión de kits de alimentos que no habrían sido entregados en su totalidad.
Completa la nómina de procesados Emili Vanessa Florentín Páez, asesora jurídica de la Intendencia Municipal y propietaria de la firma Vanemi SA, a quien la acusación señala como una de las figuras centrales del esquema, al haber participado —según la tesis fiscal— en la creación de cadenas de compra-venta ficticias para encubrir la falta de contraprestación real de los productos adquiridos, además de actuar como principal subproveedora de la empresa adjudicada.
