Los periodistas Miguel Augusto Avalos y Fermín Jara enfrentan una querella criminal por supuestos delitos contra el honor. La demanda, presentada por un empresario local con aspiraciones políticas, alega que las publicaciones del medio afectaron su reputación. Sin embargo, todas las publicaciones presentadas como medio probatorio no constituyen delitos contra el honor, sino que forman parte del ejercicio legítimo del periodismo.
Los abogados defensores Fabio Arámbulo y Marcial Britos, así como organizaciones defensoras de la libertad de prensa, sostienen que las publicaciones en cuestión se basan en investigaciones periodísticas y tratan sobre temas de interés público, como la gestión de fondos públicos y contrataciones estatales.
A criterio del Abogado Fabio Arámbulo quien ejerce la defensa de los periodistas, este tipo de demandas no solo buscan silenciar a los periodistas, sino que también envían un mensaje claro a otros medios: “si investigas y publicas información incómoda, serás demandado», La querella por difamación presentada por Néstor Posteguillo Rojas, se presenta como un potentado empresario capaz de doblegar voluntades, través de esta acción judicial pretende que la Justicia obligue a mis representados a borrar sus publicaciones basados en investigaciones periodísticas sin que exista delito alguno, busca el linchamiento social mediante una campaña mediática financiado por el querellante a través de otros medios de prensa, esto es sumamente grave pues atenta contra los principios universales de Libertad de expresión y de prensa consagrado en nuestra constitución republicana, y por otro lado busca en generar un efecto amedrentador que puede llevar a la autocensura, perjudicando no solo a los periodistas, sino a toda la sociedad, que tiene derecho a estar informada.
El efecto amedrentador se refiere a las consecuencias negativas que tienen las demandas judiciales o las amenazas legales sobre el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa. Cuando los periodistas y medios de comunicación son sometidos a procesos judiciales costosos y prolongados, incluso si las demandas carecen de fundamento, se genera un clima de miedo que puede llevar a la autocensura. Esto implica que los periodistas eviten investigar y publicar información sensible o crítica por temor a represalias legales.
El efecto amedrentador es una de las mayores amenazas para la libertad de prensa en América Latina. “Cuando los periodistas temen ser demandados por hacer su trabajo, la sociedad pierde su derecho a estar informada sobre asuntos de interés público, como la corrupción o el mal uso de los recursos estatales». Sin periodismo libre, no hay democracia.
«Es fundamental que los jueces y fiscales comprendan la importancia de proteger la libertad de expresión y de prensa, especialmente cuando se trata de periodistas que investigan temas de interés público», señaló el abogado Fabio Arámbulo. «Las demandas por difamación no deben ser utilizadas como un instrumento para silenciar a la prensa».
