El fiscal adjunto de Ciudad del Este, Jorge Sosa, dijo que la denuncia contra el cuestionado intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, y seis de sus concejales rastreros, por nepotismo fue enviada a la Fiscalía General del Estado, a cargo de Emiliano Rolón. El jefe comunal, con dos imputaciones por corrupción, en televisión y en vivo confesó que contrató como funcionarios, y con jugosos sueldos, a sus primos. Reconoció el hecho de nepotismo, que es un hecho punible, y la pena es la devolución de la plata y la inhabilitación para ejercer cargo público por 5 años.
Jorge Arsenio Sosa García
El fiscal adjunto del Área X de Alto Paraná, Dr. Jorge Sosa, realizó una aclaración oficial en respuesta a las declaraciones del senador Javier Zacarías Irún, quien había acusado a la Fiscalía de obstaculizar una investigación sobre supuesto nepotismo en la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos. El Dr. Sosa explicó que la denuncia presentada por un grupo de ciudadanos, relacionada con presuntos hechos de estafa, nepotismo y tráfico de influencias, fue debidamente remitida en tiempo y forma a la Fiscalía General del Estado para su tramitación en las unidades especializadas en Delitos Económicos y Anticorrupción, tras un pedido formal realizado por la agente fiscal designada para la investigación.
La acción inicialmente recayó en la Unidad Penal N.º 5 de la Fiscalía Regional de Ciudad del Este, a cargo de la fiscal Carolina Rosa Gadea, tras el sorteo aleatorio. Posteriormente, la mencionada representante del Ministerio Público remitió la carpeta fiscal a la Fiscalía Adjunta, dado que los hechos denunciados presumiblemente afectan la administración pública y el orden económico, y deben ser investigados por una unidad especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. En consecuencia, se resolvió remitir la causa a la superioridad, conforme al Instructivo N.º 01 de fecha 30 de enero de 2012 de la Fiscalía General del Estado, para su reasignación o remisión a la unidad correspondiente.
De la misma forma, procedió el fiscal Gabriel Segovia Villasanti con la denuncia presentada por hechos similares contra los concejales municipales Víctor Torales, Valeria Romero Escobar, Pedro Acuña Ferreira, Sebastián Martínez, Alison Anisimoff y María Esther Portillo. Él también remitió la carpeta a la Fiscalía Adjunta, conforme a lo establecido en el instructivo en cuestión.
Al respecto, el fiscal adjunto subrayó que, de acuerdo con la normativa vigente, todas las denuncias que involucren hechos punibles contra el patrimonio del Estado o actos de corrupción deben ser enviadas a las unidades especializadas, siguiendo los principios de objetividad y especialización previstos en la Ley N.º 287/06. “La Ley establece claramente la obligatoriedad de remitir este tipo de investigaciones a las unidades especializadas, y este procedimiento se hizo conforme a lo dispuesto en la normativa”, afirmó el titular de la Fiscalía Adjunta de Alto Paraná.
De esta manera, la Fiscalía General del Estado deberá analizar con la debida especialización la causa penal, que incluye una revisión exhaustiva de los documentos y pruebas disponibles para construir una teoría del caso coherente, que permita esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades, refirió.
Asimismo, el fiscal Sosa citó la Ley N.º 2880/06, que penaliza los hechos punibles contra el patrimonio del Estado y cuando el perjuicio causado sea superior a 5.350 jornales mínimos, lo que fundamenta la intervención de unidades fiscales especializadas en Delitos Económicos y Anticorrupción.
También hizo referencia a la normativa interna que regula la competencia de las unidades especializadas, señalando que la Fiscalía Adjunta a su cargo se encuentra en contacto permanente con la Fiscalía General del Estado para coordinar adecuadamente el tratamiento de la causa y evitar posibles conflictos jurisdiccionales o malentendidos en el proceso investigativo.
Finalmente, el Dr. Sosa rechazó las acusaciones de manipulación política en la investigación y reiteró su compromiso con la transparencia y la objetividad en el ejercicio de sus funciones. “El Ministerio Público actúa con total independencia y su único interés es esclarecer los hechos y garantizar que los responsables enfrenten la justicia, sin injerencias de ninguna clase”, concluyó.
