El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, y sus adeptos pidieron a la Justicia Electoral convertir su movimiento “Yo Creo”, también conocido como “clan Prieto”, en partido político. El pedido está siendo analizado en vista a las elecciones municipales. Todo se hace a dedo allí. Otro movimiento que quiere convertirse en partido es “Mboriahu Memby”.
Los primeros que se beneficiarán del nuevo partido político es el intendente de facto, quien figura como asesor planillero, Daniel Mujica, y los concejales rastreros, entre ellos el también imputado Sebastián Martínez, quien busca el rekutu.
Mujica fue designado a dedo para ser el candidato a intendente.
Cinco partidos políticos han solicitado al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) su reconocimiento oficial para participar en las elecciones municipales de 2026, de acuerdo a los datos obtenidos en el organismo electoral del Estado.
Estas solicitudes están siendo evaluadas por la Justicia Electoral, que determinará si cumplen con los requisitos legales necesarios para ser admitidos como partidos políticos.
PARTIDOS QUE BUSCAN RECONOCIMIENTO:
Yo Creo-Conciencia Democrática Nacional
Partido Ciudadanía Activa
Partido Vida, Propiedad y Libertad
Partido Mboriahu Memby
Partido Paraguay Soberano
Estos partidos buscan consolidarse legalmente para poder participar activamente en las elecciones municipales de 2026. El TSJE revisará su documentación y verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación electoral.
El proceso de evaluación incluye una revisión exhaustiva de la documentación presentada por los partidos. Esto implica verificar que cumplan con las condiciones legales exigidas por el Código Electoral. Además, el TSJE llevará a cabo auditorías y validaciones para garantizar que los nuevos partidos sean legales y transparentes en su funcionamiento.
Importancia del reconocimiento oficial
El reconocimiento oficial por parte del TSJE es esencial para que los partidos políticos puedan presentar candidatos, participar en las elecciones y acceder a recursos públicos destinados a su funcionamiento. Este proceso garantiza la legalidad y la transparencia en los comicios, promoviendo la competencia política dentro de un marco regulado.
