Un profundo malestar se instaló en la Policía Nacional luego de que un Juzgado Penal otorgara prisión domiciliaria a Rolando Ezequiel Palacios Medina, de 33 años, y Reinaldo Gamarra Irala, de 42, detenidos tras un violento enfrentamiento armado ocurrido en febrero en el Km 10 Monday, en Ciudad del Este. Los agentes que participaron del operativo calificaron la resolución como un revés a su labor, al recordar que estuvieron expuestos a un riesgo extremo durante la captura de ambos sospechosos.
Los procesados enfrentan imputaciones por robo agravado y homicidio doloso, además de arrastrar un extenso prontuario delictivo. Para los uniformados, estos elementos deberían haber sido determinantes para mantener la prisión preventiva, al considerar que los detenidos demostraron un nivel de peligrosidad incompatible con una medida sustitutiva. La resolución, sostienen, envía un mensaje desalentador a quienes diariamente arriesgan la vida en la lucha contra la delincuencia.
Desde el ámbito jurídico, la decisión generó igualmente cuestionamientos. Varios abogados y analistas coincidieron en que la medida se enmarca en un patrón de resoluciones que, según algunos, responde a una lógica de “justicia pronta y barata”, donde los beneficios procesales terminan extendiéndose incluso a imputados con antecedentes graves. Señalan que esto no solo compromete la seguridad pública, sino que también profundiza la percepción de impunidad entre quienes operan al margen de la ley.
