La información salto en Asunción, la senadora Yolanda Paredes, Cruzada Nacional, esposa de Paraguayo Cubas, vendió la residencia de Itaipú que estaba ocupando en el Area 1. Si es la misma casa donde estuvo Horacio Cartes, en su campaña presidencial. Todos dicen que vendió un bien publico y de chapa no declaro la plata que recibió. Esto desembocaría en un proceso penal y hasta hablan de perdida investidura. Pero cuantos funcionarios y ex funcionarios de la Itaipú serán procesados, por que muchos, hicieron lo mismo que la legisladora. Pero quien no es de Ciudad del Este, no sabe de esta realidad.
Las casas del Area 1, en Ciudad del Este, en realidad son residencia. Son jucho más grande que las otras casas de los otros complejos habitacionales de la Binacional.
La residencia que ocupa la ahora senadora, Yolanda Paredes y Paraguayo Cubas esta a escasos metros de la casa del director general de la Itaipú, o sea la casa que le destina al director general, y donde se queda los presidentes cuando vienen a Ciudad del Este.
Es una zona muy bien cuidada, llena de cámaras de seguridad, lleva de seguridad privada con patrulleras. Están las casas destinadas a los otros directores.
Sobre la residencia de la legisladora ssupuestamente la información comenzó a circular en grupos de WhatsApp de funcionarios de Itaipú documentos que de confirmarse comprometerían a la senadora Yolanda Paredes, esposa de Paraguayo Cubas, pues expondrían una serie de operaciones económicas vinculadas a un inmueble propiedad de la Binacional, que no habrían sido reportadas ante los órganos de control.
La controversia nace en un presunto contrato de cesión onerosa de la posesión firmado en 2022, mediante el cual se habría comercializado un derecho sobre una propiedad estatal que, por su naturaleza, no es de libre disposición privada ni cuenta con un marco legal que habilite su venta.
El supuesto documento detalla que, tras una ocupación de hecho en terrenos de la binacional, Paredes habría pactado un esquema de pagos en cuotas que se extendió hasta junio de 2024. Lo que agrava la situación es que una parte importante de estos cobros se habría percibido mientras la legisladora ya se encontraba en ejercicio de su cargo público, tras asumir su banca en junio de 2023.
A pesar de la existencia documentada de este contrato y el flujo de dinero derivado de él, las declaraciones juradas presentadas ante la General de la República no registran el inmueble, la operación financiera ni los ingresos percibidos, lo que configura una omisión directa de sus obligaciones legales como funcionaria.
Desde el punto de vista jurídico, se podría advertir que en 2022 no existían disposiciones que permitieran la venta o cesión económica de este tipo de ocupaciones, reforzando la tesis de que se transaccionó un bien público sin habilitación legal.
Un eventual cruce de datos evidenciaría una inconsistencia patrimonial objetiva: existen ingresos documentados por la vía contractual que no tienen un correlato en el patrimonio declarado oficialmente.
De confirmarse el caso, el mismo se perfila como un tema de alto interés público que amerita la intervención de los órganos de control para esclarecer el destino de los fondos y la legitimidad de una operación que, hasta el momento, carece de justificación en los registros del Estado.
