Concejales rastreros del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, decidieron que ellos son un órgano supremo de la República bananera, por encima de las leyes, de la Constitución Nacional, y declararon ilegal el pedido de intervención, por corrupción generalizada, a la gestión de Prieto. Critican que la Contraloría haya desconocido que ellos, 7 de 12, aprobaron ya las rendiciones de cuenta de Prieto, pese a que ni ellos vieron los documentos, pero lo aprobaron. Parece una joda. Pero no lo es. Es la realidad. Algo que solo en el Paraguay pasa y, después de todo, el jefe comunal anuncia que la próxima semana estará concretando otro negociado de 20.600 millones de guaraníes. Plata del pueblo.
El concejal rastrero con dos imputaciones por robo en pandemia, Sebastián Martínez, fue quien se erigió en ministro de la Corte Suprema Municipal de Rastreros, y al interpretar la Constitución Nacional, dijo que la Contraloría General de la República no puede pedir la intervención de la comuna.
Dijo que ellos, los concejales rastreros, cómplices y encubridores del robo en la comuna, son quienes pueden decir si la gestión de su “jefe” Prieto debe o no ser intervenida.
Esto es lo que pasó en la Junta Municipal en un lenguaje directo, sin vueltas.
Y es que aprobaron la resolución por la cual declaran, si ellos declaran, ilegal la intervención a la gestión de Prieto.
Pero no se quedaron allí. La resolución 223/2024 da entender que la Junta Municipal o la Junta de Rastreros de Prieto, en la que se habla solo de los 7 rastreros, es un organismo de consultas. Que la Contraloría General de la República debió consultar o preguntarles a ellos si podría denunciar, pedir la intervención, de la gestión de Prieto por corrupción generalizada.
Pero hay más. También indican que ellos son una especie de Tribunal de Cuentas y en tal sentido dicen que ellos ya aprobaron las rendiciones de cuenta de Prieto. Pero ellos ni siquiera vieron los detalles, y menos los documentos, de la rendición de cuentas.
En un país serio, la aprobación de una resolución como esta, ilegal, inconstitucional, que es una burla a la ciudadanía, haría que quienes lo aprobaron ya estuvieran presos, por usurpación de función pública y abuso de autoridad.
