Aunque el Ministerio de Justicia asegura garantizar el suministro de agua potable en el Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, la realidad demuestra que el penal sigue dependiendo de la ayuda externa para cubrir una necesidad básica como el acceso al agua.
El establecimiento penitenciario, que alberga a más de 800 personas privadas de libertad, continúa recibiendo el vital líquido a través de camiones cisterna enviados por Itaipú Binacional y la ESSAP, instituciones que asisten de forma periódica para evitar el desabastecimiento.
Según datos oficiales, en los últimos días se distribuyeron unos 80.000 litros de agua mediante este sistema de emergencia, una cifra que evidencia la precariedad de la provisión dentro del penal. Mientras tanto, el Ministerio de Justicia destaca como “avance” la construcción de una planta de tratamiento de agua ubicada a pocos kilómetros del establecimiento, pero la misma aún no abastece al penal, obligando a que se siga recurriendo al apoyo de otras entidades.
El propio equipo técnico de ESSAP, acompañado por representantes de Itaipú y del Parque Tecnológico Itaipú (PTI), realizó recientemente una visita a la planta para coordinar una segunda capacitación sobre su funcionamiento, con la promesa de ponerla en marcha “próximamente”.
Sin embargo, hasta ahora, la cárcel continúa mendigando agua potable, dependiendo de cisternas y donaciones para garantizar el consumo diario de internos y funcionarios.
Organizaciones de derechos humanos advierten que la falta de acceso regular a agua limpia vulnera el derecho básico a la dignidad y la salud, mientras las autoridades insisten en hablar de “gestión eficiente y compromiso con los derechos humanos”.
