En una decisión que despierta fuertes cuestionamientos, la Junta Municipal interrumpió su receso para aprobar compromisos financieros por G. 9.000 millones, en una sesión extraordinaria con el quórum mínimo de siete concejales.
Durante la reunión se dio luz verde a una licitación de G. 6.500 millones bajo la modalidad Ad Referéndum, además de la firma de un convenio por G. 2.500 millones para provisión de combustibles, postergando así un control presupuestario pleno.
La utilización de esta modalidad y el momento elegido —con la mayoría del cuerpo legislativo en pausa— generan interrogantes sobre la urgencia real del trámite y la falta de un debate amplio y transparente sobre el destino de los recursos públicos.
Desde distintos sectores ciudadanos se cuestiona por qué se esperó al receso para tomar decisiones de alto impacto económico, dejando en manos de siete ediles resoluciones que comprometen a toda la ciudad.
La polémica crece aún más si se tiene en cuenta que los franqueños ya conocen la cuestionada calidad de las regularizaciones asfálticas, lo que refuerza el reclamo de mayor control, explicaciones claras y transparencia en el inicio del año 2026.
