El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, tendrá a su cargo el caso de la tercera imputación contra el ex intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, destituido por corrupto, y su gavilla. Este es el mismo magistrado del caso del exgobernador de Central, Hugo Javier, quien fue condenado por robo en pandemia. Esta tercera imputación contra Prieto y sus lacayos es por montar un esquema de robo de las ollas populares en plena pandemia. Prieto es un especialista en las chicanas con la protección de ministros de la Corte Suprema de Justicia.
Víctor «Viático» Torales, Alison Anisimoff, Pedro Acuña, Miguel Prieto y Daniel Mujica.
El juez Rodrigo Estigarribia es el encargado de evaluar la tercera imputación presentada en contra del exintendente Miguel Prieto, destituido por corrupción. Estigarribia deberá definir si tiene competencia para avanzar con el proceso y establecer la audiencia para imposición de medidas.
El Juzgado de Delitos Económicos, a cargo del magistrado Rodrigo Estigarribia, se encuentra evaluando la admisión de la imputación presentada por el Ministerio Público contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, rajado por corrupto.
Recordemos que la Fiscalía formuló imputación contra Prieto por presuntos hechos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.
En este caso, el juez deberá definir si tiene competencia para avanzar con el proceso y, en caso afirmativo, establecer la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares tanto para Prieto como para otras diez personas involucradas en la misma causa penal.
EVIDENCIAS CONTUNDENTES SOBRE EL ROBO DEL CLAN PRIETO
Cabe mencionar que esta es la tercera imputación que enfrenta Miguel Prieto en el ámbito judicial. En este caso específico, se le atribuye responsabilidad en el uso irregular de más de 311 millones de guaraníes.
Según la imputación presentada por la Fiscalía, esos montos debían ser destinados como apoyo a ollas populares en el año 2020, durante la pandemia del COVID-19.
El dinero habría sido extraído de fondos públicos asignados originalmente a entidades educativas y organizaciones sin fines de lucro, y la Fiscalía sostiene que se realizaron pagos por servicios que nunca se concretaron, generando así un perjuicio al erario público.
La investigación fue impulsada por los fiscales Néstor Coronel, Luz Guerrero y Marlene González, quienes detectaron múltiples irregularidades en el proceso de desembolso de estos recursos.
Los mismos señalaron que los documentos utilizados para justificar los pagos contenían información falsa o inexacta, y en algunos casos, las comisiones beneficiadas no contaban con respaldo legal.
Entre los imputados figuran Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social; hoy presidente de la Junta Municipal, concejal rastrero; Francisco Arrúa, director de Administración y Finanzas; hoy sin cargo en la comuna, planillero; y Nelson Segovia, tesorero de la Municipalidad de Ciudad del Este, destituido y denunciado por robar las recaudaciones de la comuna en un esquema montado por el propio Prieto.
Los tres mencionados ya tienen otras dos imputaciones por robo en pandemia.
También fueron procesados Jorge Rivas, Juan Quiroga, Marcos Galeano, Mirta Battochi, Luana Silva, José Cárdenas, Aníbal Pérez y Adrián Martínez, todos vinculados a las subcomisiones. Todos son de una misma familia vinculada a Miguel Prieto.
