En base a una acción popular presentada por un Procurador (fiscal) de Foz de Yguazú, un magistrado emitió su sentencia y dispuso que el Gobierno brasileño en el plazo de un año implemente un PLAN DE SEGURIDAD que ponga freno a las actividades ilegales, que generan inseguridad en la población en Foz.
Se exige “CERRAR” la frontera con el Paraguay, especialmente en la zona del Lago de Itaipú y en el río Paraná, para frenar los denominados crímenes transnacionales. En el caso de las aguas del Paraná establece claramente que es desde la represa de Itaipú, hasta la desembocadura del rio Yguazú en Tres Fronteras. No incluye la frontera con la Argentina.
Se debe realizar un estricto control en toda la franja fronteriza. La disposición judicial determina que se debe invertir en equipamiento y tecnología. Además de reforzar el personal de los organismo de seguridad y fiscalización.
Los controles ya sea por agua, aire, y tierra ya no debe ser en el marco de operaciones y si en forma permanente.
El objetivo es frenar actividades ilegales como el contrabando (en especial el de cigarrillo) y el tráfico de armas y drogas.
El Juez que ordeno las medidas es Sérgio Luis Ruivo Marques. El procurador que presente la acción en representación de la población de Foz, es Alexandre Collares Barbosa.
