El argumento es simple. Es una migaja lo que se robó en este caso, y es por eso que el juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, se declaró incompetente. La fiscalía está imputando al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, destituido por corrupción, en los casos chicos, dejando cajoneados los casos gordos. Cada vez más queda evidenciado el esquema de protección hacia el corrupto Prieto de parte del Ministerio Público y de ministros de la Corte Suprema de Justicia.

Víctor «Viático» Torales, Alison Anisimoff, Pedro Acuña, Miguel Prieto y Daniel Mujica
El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, se declaró incompetente para tramitar la nueva imputación contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, destituido por corrupto, en la causa por supuesta lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.
Esto en atención a que los hechos imputados versan sobre un supuesto perjuicio patrimonial, cuyo monto no alcanza los 5.500 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 1°., inc. C de la Ley 6.379/2019 “Que crea la competencia en delitos económicos y crimen organizado en la jurisdicción del fuero penal”.
En ese sentido, el magistrado remitió el expediente al juzgado que tendría la competencia para llevar adelante el proceso, que se encuentra en el departamento de Alto Paraná.
Según la imputación, se cuenta con la sospecha de que, en el 2020, la administración municipal a cargo de Prieto habría desembolsado sumas de dinero correspondientes a los fondos de Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro (recursos propios 2020), en concepto de pagos por servicios que no habrían sido realizados en la realidad y de esa manera habría causado un perjuicio patrimonial total de G. 311.580.000.
La citada subcomisión fue reconocida el 10 de junio de 2020 por el intendente, y con ello comenzaron a realizar trámites para pagos de las obras, que finalmente nunca se realizaron, según el Ministerio Público.