El servicio de guardia privada que realizan los funcionarios de la Policía Nacional genera una millonaria recaudación para los jefes policiales encabezados por el director, comisario general, Jorge Fernández Arévalo. En muchos casos los agentes policiales “cuidan” por negocios que están al margen de leyes. Al realizar este “trabajo” los uniformados desatienden sus funciones lo que hace aumentar la inseguridad en la zona Este del país.
No hace falta ningún esfuerzo para detectar que gran parte de la dotación de la Policía Nacional en Ciudad del Este está destinada para el servicio de guardia privada. O sea son destinados para cuidar determinados negocios, acompañar transporte de dinero, mercaderías, y cuidar de personas.
Los jefes policiales de turno llegan a recibir hasta 6 millones de guaraníes mensuales por cada agente que sacan del servicio público y lo ponen al servicio de quien tiene dinero para pagar por la seguridad, que ellos deberían estar brindando a toda la población sin distinción.
Basta realizar un recorrido por el centro de Ciudad del Este para ver como los uniformados, en algunos casos vestidos de civil, pero con placa, realizan el servicio privado, cuando deberían estar cumpliendo con su obligación que está consagrado en la Constitución Nacional que es la seguridad interna de la República.
Pero para los jefes policiales los preceptos legales son letra muerta y lo que le importa es recaudar.
La situación empeora cuando el “servicio” que es completamente ilegal, se realiza para cuidar actividades ilegales, o personas que tienen negocios turbios en la frontera.
Hasta los agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) son destinados para ser servicio de guardia privada, cuando los mismos fueron entrenados para otros fines. Estos uniformados van con sus equipos y arma de elite y se ponen al servicio de personas que realizan operaciones comerciales fuera de las normas legales.