Con documentos quedó demostrado por los auditores de la intervención un daño patrimonial de 29.000 millones de guaraníes al municipio de Ciudad del Este. Esto debido a una malversación de fondos públicos a través del uso de dinero destinado a obras en gastos corrientes por parte del intendente suspendido por corrupción, Miguel Prieto Vallejos. Este hecho configura un delito de lesión de confianza. Ya existen suficientes evidencias para la destitución de Prieto. Después queda a cargo del Ministerio Público y la Justicia castigarlos y resarcir el daño causado, pero es allí donde Prieto tiene protección férrea.
Miguel Prieto Vallejos
El interventor Ramón Isidro Ramírez ya había adelantado a una emisora de Franco, parcialmente, los datos que este martes entregó a los medios de prensa. Confirmó que hay una malversación de fondos por G. 29.000 millones. Esto es un hecho punible de lesión de confianza, y además es un daño patrimonial. El mal uso de los recursos públicos es un daño patrimonial.
En este caso, Prieto usó dinero destinado a inversión o capital, en gastos corrientes en la comuna, y esto no está permitido.
“Los 29.215 millones usados en gastos corrientes representan más del 35% del total, y en gran parte no tenemos detalles de en qué se gastaron esos recursos destinados”, explicó el interventor, al revelar además que más del 55% de lo poco que se usó en obras ha sido a través de transferencias a comisiones, lo cual demuestra claramente el uso incorrecto de los fondos.
“Se trata de un esquema sistemático para eludir procesos de control, y eso se da también en el Consejo Local de Salud, donde, entre el 2019 y 2022, se han destinado 10.500 millones de guaraníes”, reveló, al momento de advertir que, en ese periodo de tiempo, el Consejo de Salud adolecía de serias deficiencias en cuestiones de cumplimientos normativos.
En el informe se señala que la Intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este comprobó una malversación de más de G 29.000 millones de recursos públicos que debían destinarse a inversiones en obras y bienes de capital, pero fueron desviados para cubrir gastos corrientes, transferencias y pagos de deudas.
Las cifras reportadas en el requerimiento de intervención formulado por la Contraloría General de la República (CGR) formulaban observaciones sobre la utilización irregular de G 83.000 millones que estaban asignados al financiamiento de gastos de capital. Con la detección de la malversación, se comprueba otra de las causales de la intervención.
Por otro lado, datos desprendidos de la revisión administrativa y financiera realizada sobre recursos canalizados a través del Consejo Local de Salud (CLS), presidida en aquel entonces por el hoy diputado Walter García, entre los años 2019 y 2022, que alcanzaron más de G 10.500 millones en el periodo indicado, demuestran serios incumplimientos a las normativas vigentes.
Por ejemplo, de dicho total, casi G 6.000 millones se destinaron a obras y refacciones que fueron ejecutadas sin ningún tipo de control técnico ni administrativo, lo que impide determinar si esas inversiones realmente se realizaron como figura en las facturas presentadas, o siquiera si se hicieron.
Las irregularidades incluyen transferencias sin documentación técnica ni aprobación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), pagos sin certificaciones de avance de obras y la elusión de procesos legales de contratación.
Además, las obras carecieron de supervisión y actas de recepción final, por lo que no existe garantía alguna sobre su calidad, seguridad ni cumplimiento de estándares mínimos.
Una situación particularmente grave fue que el entonces director de Desarrollo Social de la Comuna también se desempeñaba como síndico titular del Consejo Local de Salud, cumpliendo simultáneamente funciones de control y ejecución, lo que debilitó aún más los mecanismos de fiscalización.
La conclusión de la intervención es contundente: se comprobó la malversación de G 29.000 millones y se financiaron obras sin ningún control, lo que constituye una conducta de altísima gravedad, que debería ser investigada por las instancias judiciales correspondientes.
