El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, montó un esquema con sus funcionarios, concejales rastreros y allegados, incluyendo operadores políticos, para robar con las licitaciones. Esto es lo que revelan los documentos que están en el Ministerio Público. Varios de los expedientes están cajoneados y solo unos pocos están prosiguiendo en medio de las chicanerías de Prieto para evitar someterse a la justicia.
El material que reproducimos abajo es un trabajo investigativo de la periodista Rossana Escobar de La Nación.
El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, al parecer normalizó en su administración un esquema de repartija maniobrada de contrataciones entre leales que, después de los dos primeros sonados casos, Tía Chela y Tajy, ya no sorprende a la opinión pública. Hoy día, las denuncias en su contra trascienden como puras estadísticas que se traducen en chiste la serie de irregularidades, pese a las sobradas documentaciones que respaldan los perjuicios denunciados.
Muy pronto, la promesa de Prieto, aquel joven de Ciudad del Este que se perfilaba como el mesías que sacaría del pozo a la comuna esteña, sucumbió con el esquema de corrupción con festín de licitaciones, etc., que se consolidó en su administración.
Es el intendente más denunciado en Paraguay, los cuestionamientos están plenamente documentados y están a la vista en los portales institucionales de los entes de control; pese a ello, sigue campante en el cargo y hasta se perfila como el candidato más potable de una parte de la oposición. Actualmente acumula 41 denuncias en su contra en la Fiscalía, que por razones desconocidas quiso trasladar a CDE. Nada le inmuta; continúa el mismo modus operandi en su gestión.
El esquema que Prieto implantó con su administración es la discrecionalidad en la repartija de fondos de la municipalidad con las licitaciones, principalmente por vía de la excepción o de urgencia. Sistemáticamente aparecen favorecidos con contratos gente de su entorno, amigos leales y familiares de sus subordinados. Contrataciones Públicas había dictaminado inconsistencias en varias de las adquisiciones de la gestión Prieto, como la compra en 2019 de la clínica móvil catalogada como mau.
Contrataciones Públicas había dictaminado que las inconsistencias administrativas en la adquisición de la clínica móvil lesionan la ley de compras públicas.
La Contraloría General de la República también constató en su momento que el rodado adquirido por el intendente Prieto y que costó G. 299,5 millones no cuenta con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de bases y condiciones.
Prietochicanero
Cabe subrayar que Prieto había adjudicado la compra a la firma R&R ImportExport SA, de Aldo Rodrigo Galeano Recalde, cuñado de Valeria Romero, quien ingresó como concejala de la municipalidad por el movimiento del intendente. Sin embargo, los dos casos más escandalosos de adjudicaciones directas, por vía de la urgencia impostergable, estallaron en la pandemia, gracias a las insistentes denuncias ciudadanas e investigaciones de la prensa.
La compra de víveres a la pequeña despensita Tía Chela mediante una compra por vía de la excepción por G. 2.949 millones, pese a que no tenía disponible la cantidad de mercaderías ofertadas, fue el inicio de una seguidilla de denuncias que llovieron contra Prieto. Investigaciones dejaron a la vista una competencia simulada entre oferentes que resultaron ser de una misma familia.
El esquema Tía Chela involucra a Prieto junto con varios funcionarios y a Emili Vanessa Florentín Páez, a quien ubicó como asesora jurídica en su administración. La Fiscalía sindica a Florentín Páez como parte del esquema de facturación ficticia para encubrir la falta de entrega de mercaderías en el marco de la emergencia sanitaria por el covid-19 y que generó un perjuicio económico estimado en G. 2.130 millones.
Con el caso Tía Chela también salió a la luz la adjudicación por compra de 50.000 kilos de harina, además de una larga lista de víveres a Tajy Servicios Generales, que en la realidad se dedica a la perforación y mantenimiento de pozos artesianos. La firma pertenece a Buena Ventura Morínigo, un humilde constructor de pozo artesiano, coincidentemente tío de Vanessa Florentín, que en entrevista había dicho que no tenía idea del negocio; sin embargo, facturaron G. 306.188.500 en su nombre.
