El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, no puede demostrar con documentos su inocencia en las dos imputaciones, y en las otras 42 denuncias, y por eso sigue con el cuento de que es un perseguido político, pero ni esto puede argumentar. El jefe comunal viene sistemáticamente chicaneando para evitar someterse a la justicia. El citado solo habla con la prensa de Asunción y miente descaradamente.
El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, prestó declaración ante el fiscal Silvio Corbeta, en la causa que investiga un supuesto daño de G. 306.000.000 en una licitación para insumos de panificados. Aseguró que se trata de una cuestión política y que la causa es un invento.
«Que tenemos los documentos y que se entregaron, como hasta hoy en día se siguen entregando los panificados con la leche de soja; en los barrios más carenciados, en la cárcel de mujeres, en la cárcel de hombres y en otras instituciones, inclusive la gente puede pasar a retirar el pan tranquilamente, cualquier día». Eso se sigue haciendo hasta hoy. Como cada año venimos comprando, yo creo que lo que la Fiscalía está tratando de justificar es de que se compró a la apurada, pero era en la pandemia, era en una época en la cual todo el mundo tenía hambre y estábamos un poco asustados. La modalidad fue también por excepción, como fue la de los kits de alimentos. Entonces por eso calculo que ellos sospechan de que esos panes nunca se entregaron», dijo el jefe comunal de CDE.
Enfatizó que esta causa, al igual que otras muchas abiertas en su contra, se trataría de una persecución política. «Yo creo firmemente que la justicia y la política no van de la mano. En este caso, la política está degenerando la justicia. La justicia debería ser independiente y, si de verdad encuentran pruebas, no inventen pruebas; encuentren pruebas, y cometí un delito en el ejercicio de mis funciones, llévenme preso, pero tampoco estén inventando causas sin poder justificarlas».
«Yo soy inocente. Nosotros compramos y entregamos los kits. Compramos los insumos, fabricamos el pan y entregamos el pan. Entonces yo puedo hablar solamente por mi caso; ahora qué pasó en Asunción, por eso yo omito luego porque realmente no sé qué pasa en Asunción», dijo, respecto al haber sido imputado por el mismo fiscal que investiga al jefe comunal de Asunción, Oscar «Nenecho» Rodríguez.
Finalmente dijo tener la conciencia tranquila «porque viví ese momento; pagamos esos insumos, recibimos y entregamos insumos, o sea, hicimos todo lo que dice el manual, lo que dice nuestra conciencia, lo que dicen las leyes y estoy imputado». Hay documentos, testigos; lo único que no podemos volver a traer de vuelta es la comida y los insumos, porque ya se consumieron, porque son bienes consumibles. Por eso es que calculo que también no estoy imputado por obras, Royalties, Fonacide, la Costanera, porque están ahí; porque se fueron y vieron y están ahí; sin embargo, la comida ya se consumió. Los panes ya se consumieron y no podemos volver a traer. Entonces yo creo que también es una pequeña estrategia por parte de la Fiscalía, por eso apuntan a eso».
Antecedentes
A Miguel Prieto Vallejos, se le atribuyen los hechos punibles de Lesión de Confianza, previsto y penado en el art. 192 inc. 1º del Código Penal, Administración en provecho propio, previsto y penado en el art. 8º de la Ley 2523, y de Asociación Criminal establecido en el art. 239 Inc. 1º num. 1º del CP, todos ellos en concordancia con lo establecido en el art. 29 inc. 2º del CP.
Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, en la imputación por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, sostienen que de acuerdo a los «elementos de pruebas colectados», en la Comuna de Ciudad del Este se conformó un «esquema criminal encabezado por el intendente Miguel Prieto e integrado por funcionarios, directores y particulares», con el objetivo de desviar dinero de la Municipalidad para beneficio de los miembros de la organización ilícita.
El esquema consiste en adjudicaciones a empresas, incluso algunas de fachadas, vinculadas al jefe comunal o personas de su entorno, por la vía de la excepción «pasando por alto normativas en materia de contrataciones públicas».
Esto develaría el «direccionamiento de licitaciones» por parte de Prieto y su primer anillo, sostienen los agentes. La imputación es con relación a la compra de «insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos por pandemia COVID-19», que causó un perjuicio de G. 306 millones.
Con información de El Observador.
