El fiscal Alcides Giménez Zorrilla, titular de la Unidad Penal n.º 9 de Ciudad del Este, imputó a Rafael Vicente Carvajal Valdez, contador y auditor de una reconocida entidad bancaria, por una presunta millonaria estafa. El profesional habría adquirido mercaderías electrónicas y otros productos por un monto cercano a 150 millones de guaraníes y habría pagado con cheques emitidos desde una cuenta inhabilitada, los cuales fueron rechazados al ser presentados en el banco.
Según la investigación, Carvajal Valdez había realizado diversas compras desde 2022 en la empresa A.A.G. Celulares, abonando con cheques, efectivo y transferencias, sin inconvenientes. Sin embargo, a partir de enero de 2025 comenzaron a presentarse problemas para el cobro de los cheques, ya que la cuenta corriente del sindicado se encontraba inhabilitada para operar, aunque continuó emitiendo documentos de pago que no pudieron ser efectivizados.
Entre los cheques emitidos a favor de la firma A.A.G. y que no pudieron ser cobrados por insuficiencia de fondos y cuenta inhabilitada, figuran 11 en total, por un monto que asciende a 149.060.000 guaraníes. Incluso después de la inhabilitación bancaria, el imputado ofreció algún tipo de arreglo o pago posterior que finalmente no se realizó, manteniendo la deuda pendiente.
Tras la denuncia, en el marco de la investigación, la Fiscalía recabó facturas de venta, extractos de la cuenta bancaria, copias de los cheques y la declaración testifical de la víctima. Los documentos confirman que los pagos fueron simulados y que los fondos nunca estuvieron disponibles para cubrir la deuda, sosteniendo la imputación por supuesta estafa.
Asimismo, durante la pesquisa, la defensa del procesado manifestó que realizaría pagos parciales mediante consignación en una cuenta judicial, pero hasta la fecha no se registraron movimientos que evidencien cumplimiento de lo prometido.
El fiscal Giménez solicitó un plazo de cuatro meses para presentar el requerimiento conclusivo, debido a la complejidad de la investigación y las diligencias pendientes. Además, pidió la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva para el contador, condicionadas al cumplimiento de una serie de requisitos legales que garanticen la sujeción del imputado al proceso penal.
