Fue imputado uno de los pesocas que agredió brutalmente a un abogado en una estación de servicio. Se trata de Federico Ramón Arias Amarilla. Este personaje violento está prófugo. Los otros pesocas quienes estaban allí deberán declarar y serán imputados por omisión de auxilio. El caso estaba siendo “cajoneado” por el cuestionado fiscal, Edgar Modesto Torales.
La fiscal Vanesa Candia imputó por lesión grave al joven que habría agredido con brutalidad al abogado Miguel Ángel Alegre, quien sufrió traumatismo de cráneo y debió ser hospitalizado a raíz de la gravedad de su cuadro.
El presunto agresor está identificado como Federico Ramón Arias Amarilla (26), quien se encuentra con orden de detención pendiente de cumplimiento.
La representación pública solicitó que una vez que el citado se presente ante el Juzgado se decrete su prisión preventiva.
De igual forma, la agente fiscal fijó audiencia indagatoria a los ciudadanos Daniel Ramírez, Derlis González, Eduardo Cabrera, Sebastián Arzamendia y Fernando Cañete, quienes son indagados por el hecho punible de omisión de auxilio, considerando que se encontraban en el lugar del hecho y no socorrieron a la víctima.
Según la investigación, la supuesta agresión se registró el 26 de marzo pasado, a las 04:50 horas aproximadamente, en el interior del shop de la estación de servicios Enex, situada en el barrio Boquerón II de Ciudad del Este.
En la oportunidad, supuestamente el sindicado durante una pelea en el lugar aplicó un golpe de puño en el rostro a Miguel Alegre y lo derribó al suelo.
Seguidamente, cuando la víctima intentó levantarse, lo pateó en la cabeza que le dejó incapacitado de levantarse por sus medios. El ataque criminal quedó registrado en la imagen del circuito cerrado del local.
El golpe le ocasionó traumatismo de cráneo encefálico a la víctima, según el informe forense. Por la gravedad del hecho investigado, la fiscal Vanesa Candia requirió la prisión de Federico Arias Amarilla, quien se expone hasta a 10 años de pena privativa de libertad.
La pesquisa del caso inicialmente estuvo a cargo del agente fiscal Edgar Torales, quien fue recusado por la defensa de la víctima.