El agente fiscal Osvaldo Zaracho formuló imputación contra una abogada que se habría apropiado de 220 millones de guaraníes pertenecientes a su cliente, una víctima de la dictadura que cobró el dinero del Estado paraguayo. La procesada está identificada como Elizabeth Noemí Anzoátegui Rivarola, quien enfrenta cargos por estafa y apropiación, y se encuentra prófuga de la Justicia con declaración de rebeldía.
De acuerdo con la investigación, el 24 de septiembre pasado, siendo las 08:26 horas aproximadamente, la hoy procesada extrajo la suma de G. 220 millones de la caja de ahorro de Esteban Gómez Rojas, de la sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF) de Minga Guazú.
Según datos, la profesional se valió supuestamente de un poder especial que le había firmado la víctima a fin de efectuar trámites ante la Defensoría del Pueblo para el cobro destinado a víctimas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura de 1954-1989.
La sindicada realizó otras gestiones y accedió a la cuenta bancaria de su cliente, habilitada inicialmente para percibir sus beneficios de la tercera edad. De esa forma, extrajo el millonario monto de su cliente. Según refiere la resolución N.º 240/2022, de fecha 6 de junio de 2022, en la caja de ahorro existía un depósito equivalente a la suma de 2.500 jornales mínimos legales para actividades no especificadas a esa fecha, siendo actualizado el pago según resolución MEF/GG N.º 132/2024.
En su momento, según el escrito fiscal, la abogada le había indicado al afectado que firmara algunos formularios para la extracción del dinero, pero no habría mencionado el monto que Esteban Gómez debía percibir, manifestándole que el cobro se efectivizaría por partes. No obstante, la cantidad total fue extraída de una vez, conforme a las imágenes del circuito cerrado de la entidad bancaria. Incluso se pudo visualizar el momento en que la mujer guardaba el dinero en un bolso de color negro.
Cuando Esteban Gómez reclamó su dinero, la abogada Anzoátegui Rivarola le dijo que le enviaría el monto por giro, que realizó en fecha 26 de septiembre de 2024, a través del servicio de Western Union, por G. 15 millones, quedándose con el resto del dinero. De esa manera, obtuvo presuntamente un beneficio patrimonial indebido.
La Fiscalía inició el proceso penal y solicitó la rebeldía de la presunta responsable. Por consiguiente, el Juzgado de Garantías N.º 4, a cargo de la magistrada Alba Meza, dio trámite al requerimiento del Ministerio Público y ordenó la captura de la profesional del derecho, quien permanece con paradero desconocido.
