HVN Automotores de los hermanos Néstor Carlos y Oscar Adrián Posteguillo Rojas, fue la firma que vendió al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, en plena pandemia por el COVID 19 una ambulancia UTI chatarra. Oscar Adrián fue imputado por acoso sexual a una empleada de la empresa, y comenzaron a saltar supuestas conexiones con actividades ilegales de esta firma y los mencionados hermanos.
En las redes sociales ya se había anunciado que saldrían más trapos sucios de la empresa HVN Automotores de los hermanos Posteguillo Rojas. Esto luego de que Oscar Adrián haya sido imputado penalmente por haber estado acosando sexualmente a una empleada de la empresa.
Ahora salió al tapete que los mencionados hermanos a través de la citada firma fueron quienes vendieron la ambulancia UTI chatarra a la comuna de Ciudad del Este, ya a cargo de Miguel Prieto Vallejos.
Fue en plena pandemia y es uno de los negociados, groseros, que se denunció contra el jefe comunal. Mientras paraguayos morían por causa del coronavirus había quienes aprovechaban esta situación para provecho propio, y esto fue calificado como un ultraje moral, por parte de un Tribunal en un proceso por robo en pandemia.
Ya salieron denuncias de que la citada empresa estaba vendiendo vehículos “chilere” maquillados. Son rodados chatarras, como la ambulancia, que eran maquillados para ser vendidos.
Sin duda es un negociado feroz que involucra al intendente Prieto junto a la firma HVN Automotores de ellos hermanos Néstor Carlos y Oscar Adrián Posteguillo Rojas, este ultimo imputado por acoso sexual.
Néstor Carlos, trata de desmarcarse de su hermano y dice que él es el dueño de HVN Automotores.
Sobre la imputaciones debemos de indicar que Oscar Adrián, por el período de 2 años se desempeñó como jefe de la víctima en el sector administrativo, y además es hermano del dueño de la empresa en cuestión, habría acosado sexualmente a la empleada en reiteradas ocasiones, pese a que era casado y sabiendo que la víctima también estaba en pareja, refiere el acta de imputación.
En la carpeta de investigación fiscal obra la declaración testimonial pormenorizada de la víctima y otros compañeros de trabajo. Además de los informes y tratamientos psicológicos recibidos por la afectada como consecuencia de los hechos de acoso sexual.
El representante del Ministerio Público solicitó la aplicación de medidas alternativas para el imputado, quien deberá cumplir con ciertas reglas de conducta, como fijar y mantener un domicilio determinado para todos los efectos legales, permanecer a disposición del Juzgado de Garantías y de la Fiscalía, la obligación de no ausentarse del país y la prestación de una caución real adecuada por el propio imputado o por otra persona solvente.