En caso de la compra de alimentos por 500 mil dólares de una despensa barrial que hizo el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, hay suficientes evidencias sobre los delitos que se investigan. Ellos son estafa, falsificación, lesión de confianza, apropiación entre otros delitos. Además, los productos están sobrefacturados. Los fiscales Manuel Rojas Rodríguez y Hermenegilda Cubillas, en los sendos allanamientos realizados encontraron suficientes pruebas contra el jefe comunal. Ahora el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, destrabo los procesos. El fiscal Anticorrupción, Silvio Corbeta tiene ahora los expedientes.
En los expedientes que ahora están a cargo del fiscal Anticorrupción, Silvio Coberta, hay suficientes evidencias para imputar al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, y ordenar su detención debido a que el mismo trato de eliminar pruebas sobre los hechos punibles por el cual está siendo investigado.
La despensa de donde Prieto compro alimentos por 500 mil dólares ya no existe. Pocos después de haber sido allanando y explotado el caso la misma se cerró. Se trata de la despensa “Tía Chela”.
Los documentos muestran cómo se montó toda una ingeniería para apropiarse de los 500 mil dólares. La despensa no tenia condiciones para proveer semejante cantidad de alimentos a la comuna.
Pero además de los hechos punibles como estafa, falsificación, lesión de confianza, apropiación, entre otros. Todos los productos estaban con los costos sobrefacturados.
Los fiscales Manuel Rojas Rodríguez y Hermenegilda Cubillas, reunieron todas las evidencias en la carpeta fiscal que ahora debe ser solamente corroborado por el fiscal Corbeta.
En relación a los que hicieron los dos mencionados fiscales de Ciudad del Este podemos mencionar que ambos allanaron el miércoles 29 de abril de 2022, la firma comercial “Tía Chela”, en prosecución de una investigación por supuesta sobrefacturación en compra de alimentos realizada por la Municipalidad de Ciudad del Este para distribuir a familias carenciadas durante la pandemia por el COVID-19.
En la oportunidad, se requisaron documentos, facturas y acta de constitución de la empresa. Auditores de la Contraloría General de la República acompañaron el procedimiento.
El magistrado Carlos Vera Ruiz, titular del Juzgado Penal de Garantías número 3, firmó el mandamiento judicial para la intervención del comercio, que está ubicado en el Área 4 de la capital del Alto Paraná. La firma, que pertenece al ciudadano Fermín Ávalos Britos, había sido adjudicada por el intendente municipal, Miguel Prieto, con un contrato de casi 3.000 millones de guaraníes para la adquisición de kits de alimentos.
Los intervinientes buscan determinar la capacidad financiera y operativa de la empresa, que se vio beneficiada con la millonaria adjudicación supuestamente de manera irregular, según la denuncia promovida por el entonces concejal municipal Celso “Kelembú” Miranda.
Previamente, el Ministerio Público y la Contraloría General allanaron el martes 28 de abril de 2022, la sede de la Municipalidad de Ciudad del Este y requisaron documentos administrativos y contables.
Igualmente, los fiscales Rojas y Cubilla verificaron los alimentos adquiridos por la Comuna y que están almacenados en el Polideportivo Municipal del barrio Pablo Rojas.
Silvio Corbeta, fiscal
Según la denuncia de Miranda, la administración de Prieto habría cometido presuntamente delitos de Lesión de Confianza, Estafa, Apropiación y otros ilícitos con la supuesta compra sobrefacturada de kits de alimentos y de insumos médicos, durante la cuarentena sanitaria declarada por el coronavirus.
Miranda presentó tres denuncias en contra del jefe comunal esteño. Las causas penales, individualizadas con los números 2218/2020, 3038/2020 y 4524/2020 respectivamente, se tramitaban en las unidades penales números 10, 8 y 5.
No obstante, todas estas causas pasaron a cargo del fiscal Manuel Rojas, de la Unidad Especializada en Narcotráfico, y Hermenegilda Cubilla, de la Unidad Penal número 1, quienes conforman un equipo de trabajo. Los mismos fueron designados para proseguir las investigaciones mediante resolución número 153, de fecha 10 de abril del 2020, firmada por el fiscal adjunto de Alto Parará y Canindeyú, Edgar Moreno.
Los sendos allanamientos realizados fueron en el marco de una de las causas que investiga el Ministerio Público. Los documentos incautados serán auditados por profesionales la Contraloría General, merced a un convenio vigente entre este organismo y la fiscalía general del Estado, según dieron a conocer los intervinientes.
