Los funcionarios municipales de la Dirección de Orden y Seguridad-Guardia Municipal, un grupo parapolicial del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, están armados hasta los dientes. Esto es ilegal. La Constitución Nacional establece que solamente la Policía Nacional y las FF.AA. pueden usar armas. Este grupo ilegal, pagado con el dinero del impuesto que pagan los ciudadanos esteños, es empleado para cometer abusos como la brutal represión a un grupo de ex trabajadores de la comuna.
El propio Prieto habría dado el visto bueno para que los funcionarios municipales porten armas. Pero cada uno debe conseguir la suya. Es así que algunos tienen 9 milímetros, que es de uso exclusivo de la policía y los militares. Otros llevan revolver 38, y los menos tienen 22mm.
Por orden del propio Prieto deben tenerlos escondidos y solamente en algunos casos mostrar.
En un procedimiento de la Policía Nacional, uno de los integrantes del grupo parapolicial de Prieto apareció exhibiendo su 9 milímetros. Lo tenía en el pecho, como lo usan las motorizadas.
El funcionario tenía un portanombre que decía M. González.
Los abusos que comete el intendente Prieto no son buenos. Pero sorprende que los efectivos de la Policía Nacional no hayan procedido a detener al funcionario porque no podía estar andando así armado y menos aún con un arma de uso exclusivo.
Los funcionarios municipales de la Dirección de Orden y Seguridad-Guardia Municipal no son la Policía Municipal de Tránsito (PMT). Los del grupo parapolicial usan como símbolo la calavera de los “punishers” (castigadores).
Prieto, usando dinero del municipio, creó este grupo ilegal para cometer abusos. Hace un par de días este grupo reprimió violentamente a un grupo de ex trabajadores de la comuna quienes fueron hasta la Intendencia Municipal a reclamar su dinero al jefe comunal.
Los parapoliciales usaron gas pimienta y cachiporras para reprimir a los manifestantes, lo que es ilegal. Y una vez más sorprendió que la Policía Nacional se haya limitado a observar todo lo que estaba pasando.
Este mismo grupo fue el que golpeó en la sede de la Junta Municipal al activista social Arturo Paéz, porque se fue a gritar corrupto a los concejales leales a Prieto.
Este mismo grupo parapolicial fue el que, usando la fuerza y amenazando, impidió a periodistas acercarse a la concejal rastrera, Valeria Romero, nuevamente pareja de Prieto. Los periodistas querían preguntarle a ella cuestiones sobre el manejo financiero y económico de la comuna; ella es la presidenta de la comisión de Hacienda y Presupuesto, pero nada sabe. Los uniformados lo impidieron.
