Los ciudadanos de Presidente Franco comenzaron a movilizarse. Conformaron la Contraloría Ciudadana. El objetivo es sacar al intendente, el libero-cartista, Roque Godoy Jara, acusado de múltiples hechos de corrupción. Causó un enorme daño patrimonial al municipio en los 9 años que está al frente de la institución municipal. Se menciona que el mismo maneja la comuna junto a su esposa, la cuestionada diputada, Roya Torres.
Ciudadanos franqueños comenzaron a integrar una Contraloría Ciudadana para desnudar las irregularidades cometidas por la administración del intendente Roque Godoy (PLRA). Durante la manifestación realizada en la noche del martes 23, afirmaron que el objetivo del estamento será denunciar e intervenir en la administración municipal, caracterizada por diversas irregularidades y la desidia del jefe comunal.
Los autoconvocados manifestaron que «no es una lucha de partido político, sino una lucha de todos los ciudadanos de Presidente Franco; son 9 años de desgobierno, de recursos mal administrados, de falta de transparencia», según denunciaron. Resaltaron que desde la Contraloría Ciudadana intervendrán y exigirán cuentas claras a Roque Godoy.
Roque Godoy y su esposa la diputada, Roya Torres.
Lo sucedido con la obra del Polideportivo Municipal motivó la reacción de los franqueños, quienes manifestaron indignación, pues el jefe comunal admitió públicamente que cometieron un grave error en el proyecto. Pagaron solo G. 464 millones, cuando en realidad la construcción costaba más de G. 700 millones. Es por eso que la edificación nunca se terminó conforme con el contrato.
El director de Obras, Cristhian Ortiz, sindicado como el principal responsable, no recibió ninguna sanción de parte del intendente. Pero hay que recordar que el responsable de los gatos, el ordenador de gastos, es el intendente.
Las obras en el polideportivo fueron aprobadas en varias instancias, de la mano del titular de la Dirección de Obras, quien incluso llamativamente firmó un documento en el que hicieron constar que los trabajos fueron «totalmente terminados y pagados íntegramente».
El Ejecutivo municipal intentó justificarse, asegurando que esta irregularidad no provocó ningún daño patrimonial a la Comuna. No obstante, fue objeto de varios pedidos de informes en su momento por parte de la Junta Municipal, que nunca tuvieron respuestas, aparentemente, en el intento de esconder dichas anomalías.
En la sesión ordinaria de la semana pasada, pidieron la intervención de la Contraloría General de la República, pero concejales afines a Godoy derivaron a comisiones para su «estudio», determinación que enojó aún más a los lugareños.
Esto se suma con la adjudicación aprobada para el mejoramiento de la Plaza de la Libertad, donde utilizarán G. 2.900 millones de las arcas municipales, monto considerado exagerado, habiendo tantas otras prioridades en el municipio, como las calles que se encuentran en deplorables condiciones. En tanto que las instituciones educativas claman ayuda que nunca le fue otorgada.
