El Ministerio Público está de nuevo cajoneando todas las denuncias de hechos de corrupción contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos. Son hechos emblemáticos donde se causó enorme daño al patrimonio municipal, pero que no son investigados por la fiscalía. Solo por citar algunos de los casos, el de la Navidad Sustentable, el prostíbulo que convirtieron en constructora, el proveedor que se transformó en constructor, y el más nuevo, la mensura fraudulenta de la ex finca 66.
El fiscal General del Estado, Emiliano Rolón Fernández, cuando asumió, había asegurado que sería implacable contra los corruptos como el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, pero pronto se olvidó de esto y comenzó a extender una vez más el manto de impunidad sobre el cada vez más cuestionado jefe comunal.
Después de las presiones, la fiscalía presentó dos imputaciones contra Prieto y algunos de sus allegados involucrados en robos en plena pandemia.
Mientras miles de paraguayos morían, Prieto y sus lacayos están montando todo un esquema para robar el dinero que debía ser destinado para asistir a las familias más pobres durante el encierro al que se llegó por culpa del coronavirus.
Las evidencias son contundentes, pero Prieto sigue chicaneando para evitar someterse a la Justicia.
Se han presentado varias denuncias con abundantes documentos sobre más hechos de corrupción y nuevamente están siendo cajoneados en el Ministerio Público.
El fiscal adjunto de Ciudad del Este, Jorge Sosa García, no hace absolutamente nada para impulsar las denuncias sobre hechos de corrupción en la comuna de Ciudad del Este, pese a las evidencias que se presentan.
No hay duda de que hay un contubernio entre el fiscal General del Estado, Emiliano Rolón Fernández; el fiscal adjunto de Ciudad del Este, Jorge Sosa, para proteger y dar impunidad al imputado, dos veces, intendente Prieto.
Las últimas denuncias como la constructora MB, creada por un operador político de Prieto para facturar con dinero del FONACIDE, están en la fiscalía sin que se haya hecho nada. Los responsables siguen concretando negociados, o sea robando el dinero municipal sin que nadie haga nada.
Se suma lo de la Navidad Sustentable, donde una doméstica que nadie ahora sabe nada sobre ella administró supuestamente 2 mil millones de guaraníes, pero la misma dijo que nunca vio un solo guaraní.
La doméstica nunca presentó la rendición de cuenta. La que presentó fue la directora de Desarrollo Social, Adriane Alves, cuñada del intendente Prieto.
Tampoco se impulsó una investigación sobre el prostíbulo, que convirtieron en constructora SCDE Sociedad Anónima, para igualmente robar el dinero de Fonacide y recursos propios de la comuna esteña.
El último es con relación a la mensura judicial fraudulenta que hicieron de la ex Finca 66, donde, por ejemplo, el aviso publicado para anunciar el inicio de la mensura supuestamente costó 165 millones de guaraníes, según la lista de gastos, pero solamente se pagaron 585 mil guaraníes.
Las pruebas sobre los hechos de corrupción sobran y Prieto lo sabe y por eso se niega a someterse a la Justicia.
En la fiscalía también saben de esto y es por eso que cajonean todas las denuncias, porque desestimarlas sería una aberración jurídica.
