Se repite la historia. Graves y contundentes denuncias de hechos de corrupción contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos y sus secuaces son cajoneados en el Ministerio Público. No son las denuncias de los ciudadanos. Son los cuatros reportes de hechos punibles, que remitió la Contraloría General de la República, donde se detalla como se armaron esquemas para robar el dinero público. Tremenda impunidad.
Son cuatro informes contundentes elaborados por la Dirección de Auditoria Forense de la Contraloría General de la República (CGR), a pedido de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del ente contralor, que detallan el criminal y grotesco manejo de los fondos públicos.
Uno de los informes contundentes detalla el accionar delictivo del hoy concejal municipal Sebastián Martínez Insfran, quien siguiendo órdenes directas del intendente Miguel Prieto Vallejos , acepto mercaderías por un lado que no contaban con el control sanitario exigido por las leyes y normas legales, además aprobar por ejemplo una marca de Yerba y recibir otra marca, mientras que en el caso del azúcar se adjudicó la compra de una marca determinada, pero en los kits entregaron a granel en bolsitas de polietileno transparente sin ningún tipo especificación de marca y peso.
En el caso de la construcción de pozos artesianos, o empedrado través de comisiones barriales, se constató en todos los casos, que el presidente y tesorero de cada comisión barrial eran llamados a la Municipalidad donde firmaban el cheque y entregaban a un funcionario municipal o directamente al responsable de la empresa que recién era adjudicada varios después de efectivizar el cheque.
Uno de los casos más llamativos es el del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNE, quienes a pesar de ser futuros abogados igualmente firmaron el cheque y sin ningún tipo de garantía ni marco legal. Los futuros abogados entregaron el cheque previamente endosado al responsable de una empresa que días después fue adjudicada para la construcción de una rampa y gradería por valor de 127 millones de guaraníes, mientras que el contrato se firmó cuatro días después, algo inaceptable e inexplicable en estudiantes de la carrera de derecho.
Esta es solo una pequeña parte de uno de los cuatro informes de auditoría forense de la CGR, que desnuda el total despilfarro y discrecionalidad criminal con la que Miguel Prieto y su sequito maneja el dinero de los contribuyentes de Ciudad del Este.
Estos informes no tienen relación con la imputación por el caso Tía Chela, corresponden a otras denuncias sobrantes en la fiscalía.
Pero el Ministerio Público de nuevo los está cajoneando.
Con información de 24/7 Ciudad del Este.
