El proceso por delito ambiental, donde aparece como principal responsable el intendente de CDE, Miguel Prieto Vallejos, esta cajoneado en la fiscalía. Existen suficientes evidencias del hecho punible, que podría llevar a la destitución del jefe comunal. Es con relación a la tala masiva de arboles del paseo central ubicado entre la Ruta 02 Py y la avenida San Blas, para construir un estacionamiento para Agrófertil. El fiscal General del Estado, Emilio Rolón, quien asume esta semana, debe ordenar que este caso sea desempolvado.
El fiscal Adolfo Santander, fue quien inició la investigación, luego paso a la fiscal Zunilda Ocampo. Esta cajoneado debido a la contundencia de las evidencias. El delito ambiental debe desembocar en la imputación del jefe comunal, y luego su destitución como dice la Ley.
Este es uno de los procesos que debe ser desempolvados con la asunción del nuevo fiscal General del Estado, Emiliano Rolón Fernández. Debe cumplir su promesa de hacer cumplir la legislación y ponen fin a la impunidad.
Prieto autorizo la tala de arboles. Crimen Ambiental.
Debemos de indicar que la resolución 2198/2022 IM, del 11 de agosto de 2022, es la prueba del crimen ambiental que cometió el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y que lo puede llevar a la cárcel y a su destitución, junto a otros funcionarios.
Esto de acuerdo a lo que dice la Ley 716, en su artículo 15. Los directivos de Agrofértil también deben pisar la penitenciaria.
Por la resolución citada el jefe comunal autorizó la tala ilegal de árboles de una vegetación, para la construcción de un estacionamiento en el espacio verde que esta entre la Ruta PY 2 y la avenida San Blas, en el km 6,500.
Están involucrados también los directivos de Agrofértil, encabezados José Marcos Sarabia.
La resolución que condena a Prieto
El jefe comunal involucro a varios funcionarios superiores como ser su jefa de gabinete la cuestionada hurrera, Darcy Ledezma, la directora de Gestión Ambiental, Karen González, el jefe de áreas protegidas, Aníbal Molas.
La Ley 716, que castiga los delitos ambientales. En el artículo 4 dice que la tala de árboles de una vegetación, que corresponde en este caso, los responsables serán castigados con hasta 8 años de cárcel y el pago de multa hasta 2.000 jornales mínimo diario.
La misma menciona normativa legal en su artículo 15 dice que sin quienes cometen el crimen ambiental son quienes ocupan cargos públicos, como el caso del intendente Prieto, y los funcionarios además de la pena ya menciona, de ir a la cárcel, deben ser destituidos de sus cargos e inhabilitados por 10 años para ocupar cargos públicos.
