Hace 4 años esta cajoneado en el Ministerio Público la denuncia que presentó la Secretaria de Prevención al Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) con Walid Sweid por lavado de dinero. Quienes debieron impulsar la investigación son los fiscales Francisco Cabrera y Rodrigo Estigarribia. Los documentos revelan que realizaron remesas por unos 450 millones de dólares por diferentes empresas.
Sorprende como en la fiscalía hay algunos procesos que son llevados sin argumento jurídicos, mientras en otros casos lo meten en los cajones y los dejan allí. Este es el caso que afecta a Walid Anime Sweid, un conocido importador y comerciante de Ciudad del Este, a quien se lo vincula con el vicepresidente, Hugo Velázquez, aspirante a la presidencia.
Informe SEPRELAD
El expediente comenzó en base a la denuncia o informe de la Seprelad, donde informan que se movieron unos 450 millones de dólares, y no hay justificación.
Los fiscales Francisco Cabrera y Rodrigo Estigarribia debieron impulsar la investigación, pero nada lo hicieron hasta el momento.
La Causa N° 68/14 está caratulada “Investigación fiscal sobre lavado de dinero y otros”. Según los reportes, el esquema movió alrededor de US$ 1.200 millones, desde Ciudad del Este y que se sospechan que habrían sido utilizados para el financiamiento de la organización musulmana chií, Hezbollah, grupo al que se le liga como supuesto financista a Walid Amine, según investigación de la justicia.
Pero el informe de la Seprelad habla de unos 450 millones de dólares.
La carpeta fiscal fue abierta en el año 2014, por la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) y cuenta con más de 430 tomos de documentos, evidencias y pericias que actualmente se encuentran en las oficinas del Ministerio Público en Asunción.
En la carpeta fiscal se detallan operaciones de transferencias internacionales, boletas de cambio y arbitrajes, cheques emitidos, informes de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), del Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC); reportes bancarios y de casas de cambio, son algunos de los documentos incluidos en los biblioratos. Más de 40 empresas se encuentran ligadas a esta red, y muchas de ellas seguirían operando, según los que tienen a su cargo la carpeta fiscal.
La investigación fue abierta luego de que organismos de Estados Unidos, como la FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network) del Departamento del Tesoro y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), alertaron sobre un mega-esquema de lavado de dinero que estaría vinculado al grupo terrorista Hezbollah, con sus ramificaciones en el Paraguay.
Al respecto, la SEPRELAD sostiene que “es importante mencionar que se cuentan con indicios de hechos antijurídicos precedentes, detonantes a los efectos del inicio de la investigación por lavado de activos, los cuales se refieren a las mercaderías ingresadas por contrabando al país por las empresas citadas, desde diferentes puertos”.
En su momento el juez Penal de Garantías de Delitos Económicos, doctor Humberto René Otazú, en el 2016 ya había sostenido que existía un esquema de asociación criminal, para el lavado de dinero, lo que motivó la firma de una orden de allanamiento, el 4 de diciembre de ese año.
En aquella ocasión, fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) realizaron una serie de allanamientos a empresas en la capital de Alto Paraná, además de procedimientos en residencias en el Paraná Country Club de Hernandarias. Todos los indiciados en la Causa N° 68/14 tienen canceladas sus visas para ingresar a Estados Unidos desde hace años, por sus reiterados presuntos vínculos con el financiamiento al terrorismo y otros delitos transnacionales.
