Un Tribunal de Apelaciones concedió al fiscal anticorrupción, Silvio Corbeta, 6 meses más para investigar al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, y sus acólitos, entre ellos el concejal rastrero, Sebastián Martínez. Es con relación al caso de compra de alimentos de una despensa barrial “Tía Chela”, por 500 mil dólares. Nadie sabe a quienes se entregó dichos alimentos. Pero los documentos demuestran que se montó toda una ingeniería para robar.
El fiscal anticorrupción Silvio Corbeta logró que el Tribunal de Apelaciones en lo Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado de feria, conceda una prórroga extraordinaria de seis meses para la formulación del requerimiento conclusivo en la carpeta abierta al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y otros, por lesión de confianza.
Los procesados en esta causa son Miguel Prieto y Francisco Raimundo Arrúa Alvarez, en calidad de autores, en tanto que, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña y Cirle Elizabeth Florentín Páez fueron imputados como cómplices.
Corbeta solicitó la ampliación del plazo argumentando que peritos especializados en el área contable precisan más tiempo para poder realizar su tarea dado que deben peritar documentos originales que obran en la SET, hoy Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) como en otras dependencias del ámbito financiero.
Además, hay una gran cantidad de informes solicitados que hasta la fecha no fueron contestados y ante la complejidad del caso, el plazo mínimo para la etapa preparatoria tampoco alcanzaría suficientemente para la realización de las diligencias que se pretenden incorporar a la investigación.
La Fiscalía investiga la supuesta lesión de confianza en el caso de la presunta compra amañada de 25.000 cestas de alimentos, que habría generado un perjuicio patrimonial de G. 1.769 milllones a la comuna esteña. La administración de Prieto, supuestamente, bajo la vía de la excepción, llamó a una licitación en marzo de 2020 para la compra de kits alimentarios destinados a familias de escasos recursos durante la pandemia del Covid 19. La Cámara que concedió la prórroga está integrada por los jueces José Waldir Servín, Arnaldo Fleitas y Belén Agüero.
