El fiscal Victor Adolfo Santander, imputo al administrador de una propiedad rural por tala de árboles. El mismo tiene en su unidad otro caso similar de crimen ambiental, pero con el agravante de que hay denuncia de una coima de 25 mil dólares. El intendente de CDE, Miguel Prieto autorizo la tala de árboles para la construcción de un estacionamiento. Existentes evidencias contundentes, pero la imputación sigue dilatándose sugestivamente.
El anunció de la imputación, como debe ser, por un crimen ambiental en la zona de Canindeyú, genero más suspicacias. Por qué el fiscal Santander, sigue dilatando la imputación de Prieto y José Marcos Sarabia uno de los dueños de Agrofértil.
Existe una resolución del jefe comunal por el cual autoriza la tala masiva de aboles de una vegetación del paseo central ubicado entre la avenida San Blas y la Ruta 02 Py, en el Km. 6,500 de CDE. Existe denuncias de que hubo una coima de por medio de 25 mil dólares.
Dicha resolución favorece a Agrofértil, para la construcción de un estacionamiento. Pero es ilegal. Se consumó un crimen ambiental. Y las evidencias son irrefutable. Por eso no hay explicación legal para que se siga postergando la imputación del intendente de CDE y el empresario de agronegocios Sarabia.
El fiscal fue rápido para imputar al productor, pero llamativamente envió al freer el caso de Ciudad del Este.
Hay recordar y base a los que dice la Ley, Prieto deberá perder el cargo de intendente, además de una pena de hasta 8 años de cárcel para él y el empresario de origen brasileño.
Sobre la imputación que hizo el fiscal se informó desde el Ministerio Publico lo siguiente:
El fiscal Víctor Adolfo Santander imputó al administrador de un establecimiento rural por transgresión de la ley 716/96 (tala de árboles) y requirió la prisión preventiva del sindicado, considerando que el hecho presuntamente cometido es calificado como crimen. El procesado está identificado como Armando Rodríguez Arias, quien se encuentra privado de libertad, a disposición del Juzgado de Garantías.
El hecho punible contra el medio ambiente ocurrió este 19 de octubre último en una propiedad ubicada en la colonia Nueva Durango del distrito de Maracaná, departamento de Canindeyú.
Según la investigación, existen fundadas sospechas que el ahora imputado, en su condición de administrador, habría ordenado a tres trabajadores a talar árboles, presumiblemente de especies nativas, en una zona boscosa del inmueble, propiedad del ciudadano Víctor Arza.
El hecho fue constatado por agentes policiales de la subcomisaría número 26 de la jurisdicción, tras recibir una denuncia vía telefónica. Los miembros de la fuerza pública se constituyeron al lugar y desde la vía pública procedieron a sobrevolar un DRONE, con el cual pudieron visualizar una maquinaria echando extensiones de árboles, presumiblemente de especie nativa.
A raíz de esta situación, los intervinientes ingresaron al lugar para identificar a las personas que estaban cometiendo el ilícito. Sin embargo, en ese momento, el tractorista y otros dos trabajadores se internaron en el bosque, dejando tirado una motosierra, tras percatarse de la presencia de los uniformados.
Posteriormente, se presentó en el lugar Gerónimo Rodríguez a bordo de una motocicleta y comenzó a cuestionar la intervención policial, iniciando un forcejeo con los agentes del orden. En esa circunstancia, el mismo fue privado de libertad y trasladado a la sede policial, donde pudo ser identificado correctamente.
En prosecución de la pesquisa, el fiscal Adolfo Santander, en su carácter de titular de la Unidad Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente Nº 3 de Alto Paraná y Canindeyú, dispuso la imputación de Rodríguez Arias, tras reunir los primeros elementos de sospecha.
Asimismo, el representante del Ministerio Público formuló una reserva expresa con relación a la eventual ampliación de la presente imputación, ya sea en cuanto a la plataforma fáctica, jurídica o probatoria establecida en el proceso preliminarmente.