En el Ministerio Público imputaron a dos comerciantes acusados de estafar a turistas argentinos. Pero la determinación fiscal no es en base a alguna denuncia penal del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos. Mientras otros combaten a estos estafadores, el jefe comunal sigue con su show mediático sin hacer nada. Ni siquiera ya cierra los negocios, solo amagan.
El aparato propagandístico, al estilo hitleriano, de Prieto estuvo muy activo tratando de imponer su mentirosa campaña de combate a los estafadores de turistas. Lo que hace el mismo en realidad es darles impunidad.
Es desde el Ministerio Público que hubo una tibia reacción. Se imputo a dos comerciantes quienes fueron denunciados por turistas argentinos.
Una foto que dice todo.
Mientras esto se daba a conocer Prieto anunciaba que el seguirá con su show mediático y afirmo que pueden «lalar» sus críticos por que él va a seguir con esto. O sea, va a seguir dando impunidad para que sigan estafando a los turistas. Esta es la realidad.
Luego de haber cerrado 13 negocios, sin presentar denuncia penal, este lunes ni siquiera ya cerraron los negocios. Solo amagaron.
Sobre la imputación se informó que el agente fiscal Gabriel Segovia Villasanti imputó a dos comerciantes, identificados como Víctor Daniel Cantero Portillo y Ali Faissal Abdallah, por presunta coacción a dos turistas argentinos que fueron obligados a comprar productos electrónicos en contra de su voluntad en un local comercial de Ciudad del Este.
De acuerdo con la investigación fiscal, el pasado 13 de marzo, Damián Maximiliano Sanabria y su hijastro Daniel Lautario Zottich, ambos de nacionalidad argentina, llegaron a la capital del Alto Paraná con la intención de comprar un PlayStation 5. Un supuesto guía de turismo los abordó y los condujo primeramente a dos locales comerciales, terminando en el negocio denominado «Apple Store», en la calle Camilo Recalde.
En el interior del local, empleados los invitaron a una habitación privada y les exigieron que sacaran todo el dinero que llevaban consigo, un total de 3.700 dólares americanos. A continuación, los obligaron a comprar dos cámaras de seguridad y dos receptores por 1.700 dólares, a pesar de que no estaban interesados en los productos, devolviéndoles el resto del dinero.
Ante la situación, tras ser liberados, los visitantes extranjeros denunciaron el hecho ante las autoridades. El fiscal Segovia Villasanti imputó a Cantero Portillo y Abdallah por coacción, tipificada en el artículo 120, inciso primero del Código Penal.
